Ni el reconocimiento médico anual es obligatorio ni se puede incluir la prueba de detección del VIH si no se demuestra previamente la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la prueba. No es pertinente una prueba de detección del VIH porque las vías de transmisión del VIH se conocen perfectamente, el tratamiento antirretroviral previene la transmisión y existen medidas universales de prevención de la transmisión que actúan de forma bidireccional. Las personas con VIH no suponen ningún tipo de riesgo ni para terceras personas ni para sus compañeros y compañeras de trabajo. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, si en los reconocimientos médicos se incluyen pruebas diagnósticas que aportan no solo información clínica sino sobre estilos de vida que pueden ser objeto de reproche social, se debe informar expresamente y se debe obtener el consentimiento expreso por parte de la persona afectada.

Las personas con VIH tienen derecho a disfrutar el derecho a la intimidad personal y el derecho a la confidencialidad de los datos personales en igualdad de condiciones que el resto de personas. Los posibles reconocimientos médicos previos a la contratación que sean necesarios sólo pueden determinar la aptitud o falta de aptitud para realizar las funciones esenciales del puesto de trabajo al que se opta. Dado que las vías de transmisión del VIH se conocen perfectamente, que el tratamiento antirretroviral previene la transmisión y que existen medidas universales de prevención de la transmisión que actúan de forma bidireccional, las personas con VIH no suponen ningún tipo de riesgo ni para terceras personas ni para sus compañeros y compañeras de trabajo. Si la empresa insiste en conocer el estado serológico de una persona, se puede acudir a la Inspección de Trabajo para exponer el caso y que se inicie la correspondiente investigación y se llegue a imponer una sanción.

VIH Y LAS CLÍNICAS DENTALES

VIH Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Solicitar los datos de salud, sin que exista ninguna norma que lo legitime y ningún riesgo real
para la salud de terceras personas, provocaría una vulneración del principio de minimización
que contempla la normativa en materia de protección de datos. Por lo tanto, en este ámbito
no se da ninguna de las condiciones que levante la prohibición del artículo 9 del Reglamento
General de Protección de Datos con respecto al tratamiento de datos de salud. Hay que indicar
que, el derecho fundamental a la protección de datos personales goza, como cualquier otro
derecho fundamental, de las garantías específicas de los mismos, pero además tiene una
protección específica, ya que los titulares de este derecho pueden acudir a la Agencia Española
de Protección de Datos cuando consideren que se ha producido un incumplimiento o
infracción de la normativa de protección de datos que afecte al tratamiento de sus datos
personales.

Esto supondría una vulneración del derecho a la no discriminación recogido en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 2.1 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, así como la disposición adicional única de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece que «serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud».

Cuando se produce una denegación, se podrá acudir a un procedimiento en defensa de los consumidores ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) correspondiente.

• presentar certificados sanitarios
• no tener ninguna prohibición de entrada, y
• “no suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de España o de otros Estados con los que España tenga un convenio en tal sentido”.

Aunque el VIH no debería considerarse una amenaza para la salud pública, todavía existen países que imponen restricciones. Esto es una muestra más del estigma que rodea a la enfermedad.

Qué países imponen restricciones

En Europa, ningún país pone limitaciones, siempre y cuando sea por un periodo de no más de 90 días. Sólo Rusia requiere de un test VIH negativo para obtener un visado de entrada múltiple.

En América, puedes viajar por Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de los países de América Latina sin restricciones durante un periodo máximo de 90 días. En Trinidad y Tobago, sin embargo, no hay una regulación concreta y puede pasar que pidan una prueba de VIH al entrar en el país. También en Venezuela se exige un certificado médico y no tramitan visados a personas con algunos tipos de enfermedad. En Surinam, si se viaja desde África, Asia o Europa del Este, es necesario un certificado de salud para obtener el visado que señala expresamente al VIH.

En África, puedes viajar a todos los países sin ninguna restricción ni límite de tiempo, salvo a Guinea Ecuatorial. Aquí existe la posibilidad de que te exijan un certificado de tu estado serológico y que, en caso de ser positivo, no te autoricen la entrada al país.

Asia es el continente que más impedimentos pone a los viajeros. Emiratos Árabes (Dubai, Abu Dhabi…) no permite la entrada a personas que tienen VIH ni a pasajeros que llevan medicación antirretroviral. También niegan el acceso a personas con VIH Siria, Arabia Saudí, Yemen, Bangladesh y Corea del Norte, aunque no siempre se pide el certificado serológico. En otros países se permiten estancias cortas y, después de ese tiempo, se solicitan pruebas de VIH: si resultan positivas, hay que salir. Irán permite hasta diez días, Buthán hasta quince, Qatar y Maldivas hasta treinta, y Armenia hasta seis semanas (el informe médico debe estar escrito en ruso o armenio). En Jordania, Brunei y Vietnam se puede pedir una prueba de VIH al entrar.

En Oceanía no hay restricciones para viajar a Australia, Nueva Zelanda, Fiyi o Micronesia por un plazo máximo de noventa días. Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea pueden solicitar examen médico y denegar la entrada en caso de presentar alguna enfermedad infecciosa, entre ellas el VIH.

La Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, supone una evolución en materia de contratación de seguros privados por parte de todas las personas con condiciones preexistentes de salud, especialmente el VIH. 

La ley establece la nulidad de las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que sean aplicables y que excluyan a una de las partes por tener VIH/Sida u otras condiciones de salud. Además, se considera nula la renuncia a lo estipulado en esa disposición.  

Si a una persona con el VIH le deniegan la contratación de un seguro de personas (vida, accidentes, decesos, enfermedad o asistencia sanitaria), puede denunciar esta situación a través de procedimientos extrajudiciales y judiciales.

La prohibición de discriminación de las personas con el VIH a la hora de contratar un seguro, no significa que desaparezca la obligación de informar a la aseguradora de todas las circunstancias conocidas que influyan en la valoración del riesgo y de responder al formulario de salud facilitado por la aseguradora, pues son obligaciones que vienen impuestas por la Ley del Contrato de Seguro.

Si se oculta información relevante para la contratación del seguro, puede ser considerado un acto contrario a la buena fe contractual. Por otra parte, desde el año 2016, debido a la modificación de la Ley de Contrato de Seguro, en los seguros de personas el asegurado NO tiene la obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas al estado de salud. Así, si una persona tenía contratado un seguro y es diagnosticado de VIH con posterioridad a esta fecha, no tiene que informar a la aseguradora.

Con la publicación de la Ley 4/2018 las cláusulas que expresamente excluyan a las personas con VIH están prohibidas pues esta Ley dice que: “No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud”.

En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener el VIH/Sida u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente”.

Según lo previsto en la Constitución Española y las leyes que la desarrollan, es ilegal la discriminación hacia una persona con el VIH en cualquier ámbito, y en concreto, en la asistencia sanitaria.  

Esto quiere decir que no te pueden denegar un servicio, darte uno menos favorable o proporcionarte un trato desigual, no justificado, por razón del VIH.

Así, por ejemplo, no está justificado dar un trato desigual a una persona con el VIH haciéndole esperar más tiempo que a otras personas o citándole en último lugar para una intervención quirúrgica u odontológica.

La protección internacional es la protección concedida a las personas nacionales de terceros países (es decir, que no forman parte de la Unión Europea) que no pueden regresar a su país porque sus derechos humanos corren grave peligro. Tener el VIH es irrelevante a la hora de valorar la concesión de la protección internacional.

El hecho de comentar la situación de salud o la intención de acceder a mejores tratamientos médicos no es un dato importante a la hora de realizar la solicitud. 

Los motivos por los cuales se debería solicitar la protección internacional deben corresponderse con lo que la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria denomina «fundados temores de ser perseguida en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, género y/o edad, orientación sexual».

El 14 de julio de 2022 entró en vigor la Ley integral para la Igualdad de trato y la no discriminación, en la que se reconoce de forma expresa, como causa de discriminación, el estado serológico como causa diferenciada de la enfermedad o la condición de salud.   

En la Ley se reconocen y definen diferentes tipos de discriminación:

• Hay discriminación directa cuando una persona con el VIH haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de su estado serológico.
• Hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas con el VIH, una desventaja particular con respecto a otras por razón de su estado serológico.
• Hay discriminación por asociación cuando una persona, debido a su relación con una persona con el VIH, es objeto de un trato discriminatorio.

La Ley, además, se preocupa específicamente de los casos en que se hayan empleado las redes sociales o las nuevas tecnologías para realizar las agresiones.

Cualquier persona con VIH puede contratar servicios privados como puede ser la contratación de un servicio médico, estético, dental…  

Dependiendo del servicio, NO es necesario que las personas informen de determinadas condiciones de salud.

La negativa a la prestación de cualquier servicio sería una medida contraria a la legislación en materia de consumidores y usuarios.

Las personas con el VIH que acuden a realizarse un injerto capilar en una clínica privada, se consideran consumidoras y, según se establece en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, serán nulas las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una persona por tener VIH.

En el Derecho español es discriminatorio la denegación de un servicio y el sobrecoste injustificado del mismo por tener una enfermedad infecciosa como es el VIH, sobre la que se conocen perfectamente las vías de transmisión.

Si se aplican correctamente las medidas universales de prevención de la transmisión, el riesgo de que esta se produzca se reduce de forma significativa hasta hacerlo despreciable.  

Por tanto, la denegación de un servicio y el sobrecoste del mismo, por tener el VIH, es un claro ejemplo de discriminación por razón del estado de salud.