- En el Día Europeo de la salud sexual, CESIDA expresa su preocupación por el impacto que la tercería locativa podría tener en la transmisión del VIH y la criminalización de colectivos vulnerables.
El proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, en los apartados 17 y 18 de la disposición final cuarta, plantea modificar los artículos 187 y 187 bis del Código Penal, para recuperar la tercería locativa, eliminada en 1995, al estipular que «quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento «, será «castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura» del local.
Desde la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA) condenamos sin paliativos la explotación sexual y la trata y apoyamos cualquier medida que la combata, entre ellas la necesaria reforma de la ley de extranjería. Sin embargo, entendemos que la recuperación de esta normativa «no solo va en contra del espíritu de la norma», sino que contribuye a «reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada». Por otra parte, el hecho de incluirla en esta ley orgánica invisibiliza la realidad de la prostitución masculina que, pese no estar asociada a la trata, se podría ver afectada por la reforma.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) considera que las personas que ejercen la prostitución están supeditadas a circunstancias sociales que las hacen más vulnerables a la exposición a las infecciones, especialmente al VIH. La vulnerabilidad al VIH de las personas responde a factores individuales y, también, a elementos estructurales. En este contexto, tal y como señala la OMS, el marco legislativo es un determinante estructural clave. Desde CESIDA consideramos que normativas como la tercería locativa, pese a que su objetivo es el de perseguir a los proxenetas, afectará a aquellas personas (mujeres CIS, trans y hombres CIS gais y bisexuales) que, de forma independiente, ejercen la prostitución, fomentando el uso de espacios públicos para el ejercicio de esta actividad y aumentando la vulnerabilidad frente a agresiones e infecciones de transmisión sexual.
La evidencia científica muestra que en países que criminalizan la actividad sexual se produce un incremento de la vulnerabilidad al VIH[1] de las personas que ejercen la prostitución. Esta situación se deriva del ejercicio de la prostitución en entornos no regulados e inseguros, del aumento de la inseguridad económica y habitacional, y comprometen el uso consistente del preservativo, aumentando exponencialmente el riesgo de adquirir el VIH. Un estudio realizado en 27 países europeos muestra una menor prevalencia del VIH entre las mujeres que ejercen la prostitución en países que tienen parcialmente legalizada la prostitución, en comparación con los países que la criminalizan[2]. Por todo ello, organismos internacionales como ONUSIDA recomiendan la despenalización de la prostitución y otras entidades como la Global Comission on HIV recomienda, a los Estados asegurar condiciones seguras para las personas que realizan esta actividad.
En la “Declaración política sobre el VIH y el sida: Acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030”, emitida en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas en pasado mes de junio, y subscrita por nuestro gobierno, se reconoce la necesidad de “desestigmatizar” a los colectivos más afectados por el VIH como los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que se inyectan drogas o las que ejercen la prostitución.
Por otro lado, algunas leyes no solo penalizan la prostitución, sino que, además, socavan derechos civiles fundamentales del colectivo. En este sentido, puesto que las personas en que ejercen la prostitución viven, en muchas ocasiones, en el mismo lugar en que trabajan, la penalización de la tercería locativa, puede constituirse como una barrera de acceso a la vivienda. Otras consecuencias de dicha penalización son el aumento de presencia policial en estos espacios, con las consiguientes consecuencias para las personas migrantes en situación irregular. Al querer, por tanto, preservar su identidad, esto puede derivar en una barrera de acceso a los servicios de prevención del VIH y de reducción de daños, por miedo a que sus datos personales queden registrados, y las relacionen con esta actividad.
Por todo esto, desde CESIDA solicitamos que se tengan en cuenta las enmiendas presentadas por ERC, EH Bildu, JxCat y la CUP para que se retire la tercería locativa del articulado de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Asimismo, consideramos necesario un debate profundo sobre la prostitución en el que se tenga en cuenta el impacto que las futuras reformas puedan tener en la salud sexual y la criminalización de las poblaciones vulnerables.
[1] Lyons, C. E., Schwartz, S. R., Murray, S. M., Shannon, K., Diouf, D., Mothopeng, T., Kouanda, S., Simplice, A., Kouame, A., Mnisi, Z., Tamoufe, U., Phaswana-Mafuya, N., Cham, B., Drame, F. M., Aliu Djaló, M., & Baral, S. (2020). The role of sex work laws and stigmas in increasing HIV risks among sex workers. Nature Communications, 11(1), 1-10. https://doi.org/10.1038/s41467-020-14593-6
[2] Reeves, A., Steele, S., Stuckler, D., M, M., A, A.-G., & JC, S. (2017). National sex work policy and HIV prevalence among sex workers: an ecological regression analysis of 27 European countries. The lancet. HIV, 4(3), e134-e140.
