La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, regula determinados supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita la concesión de visados y autorizaciones de residencia. La medida se dirige a inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados e investigadores, así como a los cónyuges e hijos mayores. De ese modo, los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan, en España verán facilitada su entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico.
¿Qué es la situación de residencia por teletrabajo de carácter internacional?
El apartado 1 del artículo 74 bis de la Ley 14/2013 define como situación de residencia por teletrabajo de carácter internacional como aquella en la que una persona, con nacionalidad de un tercer Estado, está autorizada a permanecer en España para ejercer una actividad laboral o profesional a distancia para empresas radicadas fuera del territorio nacional, mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Este tipo de visado lo podrán solicitar los profesionales cualificados que acrediten ser graduados o postgraduados de universidades de reconocido prestigio, formación profesional y escuelas de negocios de reconocido prestigio o bien con una experiencia profesional mínima de tres años.
El acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos
La cuestión que se ha planteado en varias consultas recibidas en la Clínica Legal de la UAH es si las personas que están en esa situación de residencia por teletrabajo de carácter internacional, también conocidas como nómadas digitales, tienen reconocida la titularidad del derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos y, por lo tanto, pueden acceder al tratamiento antirretroviral de forma gratuita.
El visado de residencia para el teletrabajo regulado por la Ley 14/2013 es uno de esos permisos que exigen «contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado con una entidad aseguradora autorizada para operar en España» (art. 62). Por dicho motivo, y si tenemos en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los casos de reagrupación familiar, ni la persona titular del visado de nómada digital ni sus familiares, para los que deberá tener recursos económicos durante su periodo de residencia en España, podrán acceder a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos.
De ahí que, salvo que el nómada digital pueda exportar el derecho a la salud desde su país de origen, estemos ante una situación complicada de manejar pues, por un lado, no se le reconoce la titularidad del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos y, por otro lado, aunque las compañías de seguros en España no pueden discriminar a las personas con el VIH, se suele incluir una cláusula en el contrato de seguro de salud que excluye la prestación farmacéutica ambulatoria.
Cuatro posibles soluciones para acceder al TAR
Las cuatro posibles soluciones serían comprar directamente la medicación antirretroviral asumiendo el coste total. La segunda es hacer uso del permiso incorporado en el propio apartado 1 del artículo 74 bis de la Ley 14/2013 mediante el cual «se permitirá al titular de la autorización por teletrabajo de carácter internacional trabajar para una empresa ubicada en España, siempre y cuando el porcentaje de dicho trabajo no sea superior al 20 % del total de su actividad profesional». Esta segunda opción supondrá que el nómada digital se convierta en asegurado del Sistema Nacional de Salud y disfrutará de la titularidad del derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.
La tercera es mediante la exportación de su derecho a la protección de la salud desde su país de origen. La cuarta es cuando la persona solicitante no está cubierta por una norma internacional de coordinación de sistemas de seguridad social suscrita por España y está obligada a la cotización en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Estas dos últimas soluciones se explican en la Instrucción conjunta del Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y el Director General de Migraciones sobre los aspectos prácticos de aplicación de la Ley 14/2013.