En España y en la Unión Europea no existe una normativa marco que establezca unos criterios homogéneos para regular específicamente las técnicas de decoración corporal. En su lugar, las comunidades autónomas, en virtud de sus competencias, han regulado ciertos aspectos como las medidas sanitarias mínimas necesarias, la formación del personal aplicador o los criterios de acceso al servicio. En consecuencia, se ha producido una gran disparidad en su configuración, y en muchas de estas normativas se indica que, si no es bajo supervisión médica, no es recomendable la aplicación de técnicas de decoración corporal en personas con el VIH, pero no se señala que las personas con el VIH tengan prohibido el acceso a estas técnicas ni que tengan que revelar datos sobre su salud. La consulta al “servicio médico” que se indica en estas normas, podría impedir el acceso a las técnicas de decoración corporal de las personas con el VIH, ya que no tiene una interpretación clara de qué deben hacer los estudios de decoración corporal.

Las barreras a las que se enfrentan las personas con el VIH no están en la legislación sino en los criterios interpretativos que en su aplicación crean situaciones discriminatorias. En la práctica, por las consultas que han llegado a la Clínica Legal, los estudios de decoración corporal solicitan a las personas que acuden a sus establecimientos que completen un formulario en el que se piden sus datos de salud. No obstante, no existe ninguna normativa de las comunidades autónomas que exijan medidas adicionales para la realización de técnicas de decoración corporal a personas con el VIH.

En cualquier caso, la negativa a realizar a una persona cualquier técnica de decoración corporal por tener el VIH supondría una vulneración del derecho a la no discriminación recogido en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 2.1 de la Ley 15/2022, así como de la disposición adicional única de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Asimismo, solicitar información relativa al estado de salud sin que exista ninguna norma que lo legitime y sin que se consideren datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, provocaría una vulneración del principio de minimización que contempla la normativa en materia de protección de datos.