Uno de los ámbitos donde todavía se mantienen barreras institucionales, normativas y actitudinales hacia las personas con el VIH es el de los consumidores y usuarios. El hecho de que el VIH se haya considerado como una amenaza existencial, no solo de la persona sino de la propia sociedad, ha contribuido a que a lo largo de estos cuarenta años de epidemia se aprobasen normas jurídicas que limitan el acceso de las personas con el VIH a determinados servicios, debido a que se les atribuye una mayor peligrosidad al tener una infección que se puede comunicar a terceras personas causándoles un daño irreversible. Por ello, en muchos casos se les excluye de poder acceder a las técnicas de decoración corporal como tatuajes, micropigmentaciones, piercings, etc.
¿Existen normas jurídicas que regulen específicamente las técnicas de decoración corporal?
En los últimos años debido al auge de estas técnicas, las comunidades autónomas en virtud de sus competencias han regulado cuáles son las medidas sanitarias mínimas necesarias, con qué formación debe contar el personal aplicador y cuáles son los criterios de acceso al servicio. No obstante, en España y en la Unión Europea no existe una normativa marco que establezca unos criterios homogéneos con respecto a los puntos indicados.
Esto ha llevado a una gran disparidad en su configuración entre las diferentes comunidades autónomas. En muchas de ellas se indica que si no es bajo supervisión médica no es recomendable la aplicación de técnicas de decoración corporal en personas con el VIH, pero no se señala que las personas con el VIH tengan prohibido el acceso a estas técnicas ni que tengan que revelar datos sobre su salud. La consulta al “servicio médico” que se indica en estas normas, podría impedir el acceso a las técnicas de decoración corporal de las personas con el VIH, ya que no tiene una interpretación clara de qué deben hacer los estudios: ¿deberían pedir un certificado médico?; si es así, ¿deberían pedirlo a todas las personas? Por ello, es importante que la interpretación sea precisa y completa, ya que esto puede producir situaciones discriminatorias.
¿Cuáles son las barreras que enfrentan las personas con el VIH en relación con las técnicas de decoración corporal?
Las barreras a las que se enfrentan las personas con el VIH no están en la legislación sino en los criterios interpretativos que en su aplicación crean situaciones discriminatorias. En la práctica, por las consultas que han llegado a la Clínica Legal, los estudios de decoración corporal solicitan a las personas que acuden a sus establecimientos que completen un formulario en el que se piden sus datos de salud.
A este respecto, ninguna normativa de las comunidades autónomas recoge la necesidad de que los establecimientos deban establecer otras medidas adicionales en la realización de las técnicas de decoración corporal a personas con el VIH, es decir, dichos requisitos y condiciones están establecidas con carácter general, independientemente de la condición de salud del usuario, pues no todas las personas conocen su estado serológico respecto al VIH, además de existir otras enfermedades causadas por bacterias y virus.
¿Qué medidas existen para garantizar que las personas con el VIH puedan acceder a estos servicios?
Además de todo lo expuesto, la negativa a realizar a una persona cualquier técnica de decoración corporal por tener el VIH supondría una vulneración del derecho a la no discriminación recogido en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 2.1 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, así como la disposición adicional única de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece que «serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud». Cuando se produce una denegación, se podrá acudir a un procedimiento en defensa de los consumidores ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) correspondiente.
Asimismo, solicitar los datos de salud, sin que exista ninguna norma que lo legitime y ningún riesgo real para la salud de terceras personas, provocaría una vulneración del principio de minimización que contempla la normativa en materia de protección de datos. Por lo tanto, en este ámbito no se da ninguna de las condiciones que levante la prohibición del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos con respecto al tratamiento de datos de salud. Hay que indicar que, el derecho fundamental a la protección de datos personales goza, como cualquier otro derecho fundamental, de las garantías específicas de los mismos, pero además tiene una protección específica, ya que los titulares de este derecho pueden acudir a la Agencia Española de Protección de Datos cuando consideren que se ha producido un incumplimiento o infracción de la normativa de protección de datos que afecte al tratamiento de sus datos personales.