Los avances en el tratamiento farmacológico obligan a replantear qué respuesta normativa ofrecemos al trasplante y la donación de órganos sólidos en el caso de las personas con el VIH. Nos encontramos ante dos situaciones diferenciadas: las personas con el VIH como receptoras de órganos y las personas con el VIH como donantes de órganos.
Las personas con el VIH como receptoras de órganos
Con el fin de reducir las pérdidas de órganos, salvo que exista una indicación clínica que desaconseje el trasplante o no se vayan a mejorar las condiciones de vida de la persona trasplantada, las personas con el VIH pueden ser receptoras de órganos sólidos. El trasplante de órganos es una prestación incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud a la que se tiene derecho, en condiciones de igualdad efectiva, al margen del ámbito geográfico en el que se resida.
La regulación vigente señala el principio de autonomía de la voluntad de la persona que va a recibir el trasplante pues debe ser consciente del tipo de intervención que va a efectuarse y conocer los posibles riesgos y las previsibles ventajas que, tanto física como psíquicamente, puedan derivarse del trasplante; y, una vez recibida la información pertinente, en un formato cognitivamente accesible, debe expresar por escrito u otro medio adecuado su consentimiento para la realización del trasplante.
Las personas con el VIH como donantes de órganos
La legislación vigente establece la gratuidad del trasplante. La donación de órganos siempre es voluntaria ya que en el caso del donante vivo, que siempre será mayor de edad y sin ningún impedimento mental, deberá prestar su consentimiento una vez que haya recibido información de las consecuencias de su decisión, de los riesgos para sí mismo y de las contraindicaciones. En el caso del donante fallecido se ha establecido un sistema opt-out que permitirá realizar la extracción de los órganos salvo que hubiera dejado constancia expresa de su oposición, bien por escrito en el documento de instrucciones previas o bien a través de las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho.
Cualquier persona que haya manifestado su voluntad de donar «debe gozar de un estado de salud adecuado». Esto exige realizar un proceso de caracterización tanto del donante como del órgano para evaluar la idoneidad y realizar un adecuado análisis de los riesgos y de los beneficios. En este proceso de caracterización se incluye la prueba del VIH.
Las personas con el VIH pueden ser donantes de órganos dependiendo de cómo se interprete ‘mejora sustancial del pronóstico vital o condiciones de vida del receptor’. Este criterio es la condición para que el responsable de la unidad médica en la que vaya a realizarse el trasplante manifieste su conformidad. Asimismo permitiría autorizar el trasplante de un órgano proveniente de una persona con el VIH si tras evaluar la información relativa a la caracterización del donante y del órgano y la situación del receptor, existen perspectivas fundadas de mejorar sustancialmente el pronóstico vital o las condiciones de vida del receptor. No existe, por lo tanto, una prohibición expresa como la que se incluía en la Orden de 24 de junio de 1987 sobre pruebas de detección anti-VIH, en materia de obtención, extracción, trasplante, injerto o implantación de órganos humanos, que obligaba a destruir los órganos que hubieran dado positivo en las pruebas de detección de anticuerpos. En todo caso, el receptor deberá consentir el trasplante una vez que haya sido informado de que el órgano proviene de una persona con el VIH, del riesgo que supone la seroconversión y de la necesidad de seguir un tratamiento antirretroviral.
Otra situación en la que podría trasplantarse un órgano donado por una persona con el VIH se produce cuando se desconoce el estado serológico del donante. El artículo 21.2 del Real Decreto 1723/2012 permitiría el trasplante, aun cuando donante u órgano no estén debidamente caracterizados y se desconozca si hay infección por VIH, «si, con arreglo al análisis riesgo-beneficio de cada caso particular, incluyendo las urgencias vitales, los beneficios esperados para el receptor son superiores a los riesgos que entrañan los datos incompletos».
Sudáfrica y Estados Unidos han sido los primeros países que han legislado para permitir que las personas con el VIH puedan ser donantes de órganos. Los criterios establecidos en España para determinar la idoneidad de los órganos, de los donantes y de los receptores deben ser interpretados y estar adaptados a la última evidencia científica para que los posibles tratos diferenciados que puedan incluirse en las normas jurídicas no sean fuente de discriminación directa o indirecta por razón del estado serológico.