Un Dictamen Propuesta (anteriormente conocido como Dictamen Técnico Facultativo) es un documento emitido por los Equipos de Valoración y Orientación (EVO), que se formula de acuerdo con los baremos regulados en el Real Decreto 888/2022, que establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

En algunas empresas o en los Centros Especiales de Empleo se puede solicitar a la persona trabajadora con discapacidad que aporte el Dictamen Propuesta con el fin de acreditar su condición de persona con discapacidad. En estos casos basta con aportar la hoja del Dictamen, en la que se reconoce el porcentaje total de discapacidad. El resto del Dictamen contiene datos de carácter personal relativos a la salud, y su presentación excede de la información que debería darse al empleador. La solicitud de cualquier otra información sería contraria al derecho de protección de datos y vulneraría el artículo 18 de la Constitución. En estos casos, se podría denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo. El Dictamen no puede ser utilizado con fines discriminatorios, pues la Ley 15/2022, prohíbe la discriminación por estado serológico en el ámbito del empleo. De esta manera, si el motivo por el que se descarta a una persona para un puesto de trabajo es el VIH, se podrá denunciar por las vías correspondientes.

Si lo que quiere la empresa o Centro Especial de Empleo es comprobar la aptitud para desarrollar un trabajo, el Dictamen no es el documento idóneo. El documento que sí va a aportar información sobre la aptitud es el Dictamen Técnico Normalizado o “Certificado de capacidades”. Este documento se realiza por los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad, y reúne información sobre las deficiencias, limitaciones para realizar actividades y barreras en la participación social, aunque no está disponible en todas las comunidades autónomas.