La consideración del VIH como enfermedad infectocontagiosa supone que las personas con el VIH van a ser destinatarias de un ingente número de normas jurídicas vigentes en el Derecho español. Esto hace que las personas con VIH se encuentren una barrera a la hora de disfrutar de un derecho o de tener acceso a un bien o servicio o a un empleo. Si tenemos en cuenta las vías conocidas por las que se produce la transmisión del VIH, la eficacia del tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión y la existencia de un grupo de personas que no saben que tienen la infección por VIH, las normas jurídicas no son ni idóneas, ni necesarias ni proporcionales, ya que la salud pública y la salud de terceras personas pueden protegerse adoptando otras medidas que exijan un menor sacrificio de los derechos de las personas con diagnóstico de VIH.

En la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá sostenemos que es preciso revisar y, en su caso, reformar todas esas normas jurídicas a nivel estatal, autonómico y local que incluyen la cláusula de enfermedad infectocontagiosa, como criterio limitativo para que la respuesta normativa al VIH sea la más adecuada, atendiendo a las características del virus. Por esas mismas razones también hay que revisar y, en su caso, reformar aquellas normas jurídicas que hacen referencia a las enfermedades/infecciones de transmisión sexual, a las enfermedades crónicas resistentes al tratamiento, a las enfermedades transmisibles en actividad, a las enfermedades inmunológicas sistémicas, a las enfermedades inmunograves y a las enfermedades inmunitarias graves.