En septiembre de 2021 entró en vigor la reforma del Código Civil efectuada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que regulaba la capacidad jurídica y la capacidad de obrar de las personas con discapacidad. Con esta reforma se pretende mejorar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y promover que tomen sus propias decisiones, con los apoyos necesarios para ello.

Desaparecen la tutela, la patria potestad prorrogada o rehabilitada y la prodigalidad, y se incorporan o refuerzan las medidas voluntarias, la guarda de hecho y la curatela. Las medidas voluntarias son las que adopta la propia persona con discapacidad cuando prevé que pueden concurrir circunstancias que puedan dificultar el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. El guardador de hecho es quien, sin nombramiento judicial, cuida de la persona con discapacidad. La curatela, que sustituye a la tutela, requiere nombramiento judicial, y tiene la finalidad de proteger los derechos e intereses de la persona que necesita apoyo. La curatela será por regla general de naturaleza asistencial, y solo en casos excepcionales se aplicaría la curatela representativa.

Podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si ha obtenido el reconocimiento administrativo para ser considerada persona con discapacidad (es decir, aunque se tenga un grado de discapacidad inferior al 33%). Están facultados para solicitar las medidas de apoyo: los cónyuges no separados; los ascendientes; descendientes; hermanos; la persona afectada y el Ministerio Fiscal. El Juez de Primera Instancia del lugar de residencia de la persona con discapacidad será el competente para resolver este procedimiento.