La discapacidad y la incapacidad son términos en apariencia parecidos, pero que guardan diferencias entre sí. Por un lado, el grado de incapacidad hace referencia a la capacidad laboral, es decir, se refiere a la limitación o imposibilidad para realizar una actividad profesional, por lo que la enfermedad debe tener una relación directa con el desempeño de una profesión e impedir el desarrollo adecuado de la prestación laboral. Así, el reconocimiento de la incapacidad laboral vendrá determinado por las concretas repercusiones funcionales derivadas de la enfermedad en el trabajo, y se valorará en distintos grados (parcial, total, absoluta y gran invalidez).

Por su parte, el artículo 2.a) de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad define la discapacidad como “una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Además, para ser reconocido como persona con discapacidad se incluye un requisito administrativo, de manera que solo podrán tener esta consideración las personas que alcancen un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Por tanto, a diferencia de la incapacidad, el grado de discapacidad no tiene vinculación directa con el trabajo, porque solo tiene en cuenta la situación personal y las posibilidades de desarrollo social.

En conclusión, la discapacidad no influye en la concesión de la incapacidad laboral y, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el reconocimiento de un grado de incapacidad no equivale automáticamente a la condición de discapacidad del 33%. Por tanto, habrá que valorar las circunstancias del caso concreto para la concesión de la incapacidad o del grado de discapacidad. Las personas con el VIH no tienen reconocido automáticamente, por el mero diagnóstico, ni un grado de discapacidad ni un grado de incapacidad laboral.