El VIH no supone un impedimento para desarrollar ninguna profesión ni actividad laboral. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido que las personas con infección por el VIH pueden realizar todo tipo de trabajos, sin que exista discriminación o estigmatización hacia los/las trabajadores/as por su estado serológico.

Además, la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, indica que no podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones para el acceso al empleo por cuenta ajena, en la formación para el empleo, promoción profesional, retribución, en la jornada y demás condiciones de trabajo, así como en la suspensión, despido u otras causas de extinción del contrato (artículo 9).

Cuando no se está conforme con un despido, se puede impugnar. Para ello, el primer paso es presentar la “papeleta de conciliación” ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) para intentar llegar a un acuerdo. La normativa exceptúa el requisito de intento de conciliación a procesos especiales como el de “tutela de derechos fundamentales y libertades públicas”, por lo que el/la trabajador/a podrá acudir directamente a la vía judicial y presentar una demanda laboral por despido nulo ante la Jurisdicción Social en un plazo de veinte días hábiles desde la comunicación del despido.

El/la trabajador/a deberá aportar un indicio de trato discriminatorio y, con ello, el órgano judicial decidirá si es suficiente para obligar a la empresa a demostrar que sus decisiones están justificadas. El despido considerado discriminatorio será nulo, lo que implicará su inmediata readmisión, con abono de los salarios dejados de percibir, así como la eventual indemnización de los daños causados.