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El PSOE propone una estrategia nacional para hepatitis, VIH y otras ITS

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE

En materia de Sanidad y Políticas Sociales, el PSOE garantizará una “sanidad universal y sostenible”, blindando este derecho fundamental y garantizando la suficiencia financiera.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE

Los socialistas apuestan por “aplicar la estrategia de salud en todas las políticas públicas, de modo que todos los sectores y grupos políticos y sociales contribuyan a la mejora de la salud y el bienestar de la población”. Para el PSOE “es primordial ejercer una gobernanza para la salud como nuevo modelo de gestión descentralizada y sinérgica”.
Asimismo, se ha subrayado la necesidad de desarrollar una Estrategia Nacional que incluya la respuesta al VIH, las hepatitis víricas y las Infecciones de Transmisión Sexual, con medidas de prevención, diagnóstico precoz, asistencia, integración social y laboral de las personas afectadas, y lucha contra la discriminación. Para ello, se pretende recuperar la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, consignando en los Presupuestos Generales los recursos económicos destinados para su funcionamiento y actividad.
Por otro lado, se impulsará el desarrollo a nivel estatal y en las CCAA de la Ley 33/2011 general de Salud Pública, como herramienta de cohesión territorial, de promoción, de vigilancia de la salud, de prevención de enfermedades emergentes y de ordenación de la información en salud. Y se promoverá la creación de un Centro de control de enfermedades para dar apoyo a las políticas de salud pública, evitando así situaciones tan lamentables como la gestión que el gobierno del PP hizo en la crisis del ébola.
Los socialistas se proponen blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía española.
Se derogará la reforma local que ha supuesto el desmantelamiento de los servicios sociales de los ayuntamientos, se reforzará el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, de forma que se garanticen iguales derechos para toda la ciudadanía, y se coordinará con las CCAA la implementación de una tarjeta social que permita a los ciudadanos que se puedan identificar como usuarios y usuarias de los servicios sociales.
Igualmente se mejorará la planificación y la coordinación entre las distintas administraciones en materia de políticas sociales, ya que “en un Estado de naturaleza esencialmente federal como el nuestro, deben aprovecharse al máximo las ventajas de la gestión descentralizada, garantizando la igualdad de derechos entre españoles”.

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