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La Plataforma de Salud Mental fuera de prisiones se reúne con la Vicepresidenta del Gobierno Valenciano para solicitar el amparo del gobierno valenciano para paralizar el psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas

• La plataforma ha pedido el auxilio  del Gobierno Valenciano para que no se vulneren los derechos sanitarios de las personas judicializadas con problemas de salud mental.

• La Vicepresidenta del Gobierno ha aseverado que el modelo de Siete Aguas es un modelo antagónico al modelo comunitario y  amable de la estrategia autonómica Valenciana y del pacto autonómico por la salud mental.

 Javier Vilalta, representante de la plataforma y de la COEPCV, ha manifestado que sólo se pide que se cumpla la normativa vigente, que la sanidad penitenciaria es competencia autonómica y que este modelo es un modelo que vulnera la estrategia estatal de Salud mental y el Convención de Naciones Unidas de los derechos de la personas con Discapacidad.

València, 10 de mayo de 2020: Representantes de la Plataforma Salud Mental fuera de las prisiones, COEPCV, Federació de Salut Mental, CALCSICOVA, AENPV  CESIDA, ÀMBIT y ASIEM,  compuesta por más de 200 entidades, han solicitado el posicionamiento del Gobierno Valenciano ante la construcción del Psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas, aportando una copia del manifiesto de la Plataforma y varios informes que avalan la postura de paralización del centro. A la reunión han asistido la Vicepresidenta Mónica Oltra, Rafael Tabarés, Comisionado de Presidencia para la Salud Mental, Rubén Sancho, Secretario Autonómico de Igualdad y Elena Albert, Directora General de Salud Mental, quienes han asegurado que este modelo no cabe ante el modelo de recuperación de la Generalitat Valenciana tal y como establece el Plan estratégico de Salud Mental y el reciente Pla Convivint.  Los representantes de la Plataforma han recordado que desde 2005 las competencias en materia de Salud Mental son autonómicas, y que la falta de recursos humanos sanitarios en los centros penitenciarios constituye una vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad, lo que pone sobre la mesa la falta de experiencia en una gestión digna por parte de Instituciones Penitenciarias en esta materia. El problema no es la obsolescencia de los edificios sino la desatención de las personas privadas de libertad con problemas de salud mental, a modo de ejemplo:

En 2020 no ha habido psiquiatras en el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent.
– Desde 2018 ningún psiquiatra ha visitado el Centro Penitenciario de Castellón I.
– No hay personal especializado en Salud Mental en los centros penitenciarios.
– No hay atención primaria en las prisiones valencianas debido a la falta de profesionales sanitarios.

La Vicepresidenta del Gobierno Valenciano, tras la reunión con la Delegación de Gobierno en la reunión sobre esta materia, concluye  que manifestó que el modelo de la Generalitat es contrario al modelo de macrocentros, y pone como ejemplo el Pla Convivint que acaba de aprobar la Generalitat Valenciana, propone, además, que la solución es que la Generalitat Valenciana asuma las competencias sanitarias que le competen, asumiendo la atención de las personas reclusas con problemas de salud mental, lo que transmitirán al gobierno central.  Hay que recordar que más del 40% de las personas reclusas tienen problemas de Salud Mental y  un 65% tiene prescrita medicación psiquiátrica, y que, debido a la pandemia del Covid-19, el porcentaje ha aumentado de manera exponencial.

Así, el presidente de la CESIDA y representante de CALCSICOVA, Ramón Espacio ha hecho especial hincapié en la importancia de la Transferencia sanitaria como solución a este problema.

La plataforma recuerda que este es un fracaso de la política estatal y autonómica en materia de Salud Mental, tras el desmantelamiento de los antiguos macropsiquiátricos, convirtiendo a las prisiones en los nuevos psiquiátricos del siglo XXI.

“Resaltar que por primera vez todos los agentes se han puesto de acuerdo a nivel autonómico y estatal, entidades del sector penitenciario, entidades de Salud Mental como la Confederación de Salud Mental y Asociaciones profesionales de Psiquiatría”, Vilalta ha aseverado que es un acto de dignidad y justicia social, que este es un primer paso de diálogo pero que el siguiente será la presentación de recursos contenciosos al pliego de prescripciones, que y si el gobierno sigue en su empeño se acudirá a observadores de Naciones Unidas para que vislumbren la situación de las personas judicializadas con problemas de Salud Mental en España, así como al European Observatory on health Systmes and policies.”

En este sentido, recuerdan que el pliego de prescripciones aprobado establece un presupuesto para el diseño del proyecto en 700.000 y 80 millones de euros para la construcción, consideramos que dicha inversión a sabiendas de que supone una vulneración de los principios fundamentales de la atención a las personas con problemas de salud mentales, es inconcebible en un país de la órbita europea,  tal como indica Manuel Gómez Beneyto, Catedrático en Psiquiatría y padre de la Estrategia Nacional de Salud Mental quien supervisó el manifiesto.

De la misma manera, Victoria Aguilar,  Presidenta de Asiem, entidad perteneciente a Federació de Salud mental, ha agradecido la predisposición del Gobierno Valenciano y del Comisionado de Salud Mental, Rafael Tabares, quien se ha manifestado en la misma línea que la Vicepresidenta.

En relación a esto, todas las partes han decidido aunar esfuerzos para poder hacer posible la transferencia sanitaria y conseguir que la Comunitat sea punta de lanza en esta materia, según afirma Rafael Tabarés, comisionado de Presidencia de la Generalitat Valenciana para la salud mental.

Además, desde la plataforma recuerdan que, si los 80 millones que van destinados a este proyecto se destinaran a la transferencia de las competencias, eso supondría la solución al problema de la fallida sanidad penitenciaria.

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