Las personas con el VIH pueden solicitar una plaza tanto en un centro de día como en una residencia. No obstante, desde la década de 1980, se viene incluyendo una barrera de acceso que condiciona la admisión: “no padecer enfermedad infectocontagiosa, enfermedad crónica en estado terminal o enfermedad clínica que requiera atención imprescindible en centro hospitalario”. Como consecuencia, en ocasiones, las comunidades autónomas a la hora de regular determinados servicios sociales excluyen a las personas con el VIH al considerar que se trata de una enfermedad infectocontagiosa. Este requisito también se aplica a las residencias privadas, que además se amparan en el derecho de admisión, escondiendo una barrera que excluye y discrimina a las personas con el VIH.

Es vital que se produzca una correcta calificación legal del VIH como enfermedad infectotransmisible, no infectocontagiosa, y que se adecúe la respuesta normativa a la evidencia científica sobre las vías de transmisión y efectividad del tratamiento antirretroviral para el disfrute de los servicios sociales por todas las personas en igualdad de condiciones. Esta barrera de acceso a las personas con el VIH no está justificada, sino que provoca un trato diferenciado constitutivo de discriminación indirecta que vulnera el artículo 14 de la Constitución Española que garantiza la igualdad de trato y la no discriminación. De igual manera, se reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación en la prestación de servicios en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Por ello, la denegación de una plaza en una residencia privada o centro de día privado por razón del estado serológico sería considerada una cláusula nula de acuerdo con la Disposición Adicional Única de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pudiendo utilizar mecanismos jurídicos de defensa de los consumidores contra el centro de día o la residencia en cuestión. Asimismo, la negativa de acceso injustificada por parte de la Administración a un centro de día público o en una residencia pública puede ser impugnada ante los órganos judiciales competentes. Además, se podrán formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio, así como exigir las responsabilidades de la Administración, del personal a su servicio y de los/las contratistas en los casos en que proceda.