La normativa española señala que los centros de transfusión sanguínea verificarán cada donación de sangre y componentes de acuerdo con normas que garanticen que se han adoptado las medidas necesarias para proteger la salud, tanto del donante como del receptor. La verificación incluye pruebas para la detección de agentes infecciosos como el VIH I/II, y solo serán aceptadas donaciones con resultados inequívocamente negativos.
En España, los criterios de exclusión permanente son: tener o haber tenido VIH/sida; tener una conducta sexual que suponga un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles a través de la sangre y componentes sanguíneos; y tener antecedentes de haber sido transfundido en países donde es endémico el sida. El criterio de exclusión temporal es haber cesado en las conductas sexuales de riesgo elevado anteriormente descritas. La duración de esta última exclusión se establece por las Comunidades Autónomas, a través de protocolos internos y los cuestionarios utilizados en el proceso de donación, y ha sido fijada en 4 meses.
En lo que respecta a la legalidad de estos criterios de exclusión, en relación con el VIH habría que tener en cuenta si los avances técnicos en la detección del virus podrían permitir reducir el periodo de exclusión de 4 meses. Además, es importante que se revisen los cuestionarios aplicados en las diferentes Comunidades Autónomas para saber si entre los criterios de exclusión establecidos se esconde algún tipo de discriminación por asociación que afecte a las personas que convivan con las personas con el VIH o si se considera que las personas que toman la PrEP tienen una conducta sexual que supone un riesgo elevado. Los criterios de exclusión legalmente establecidos deben ser idóneos para proteger la salud pública, pero también deben limitarse para evitar que se produzcan situaciones discriminatorias.
