En general, se entiende por consumidor aquella persona física que adquiere bienes o usa servicios para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus necesidades, personales o familiares. La Ley de Consumidores y Usuarios define al consumidor vulnerable como “la persona física que, […] por sus características, necesidades o circunstancias personales está en situación de “subordinación, indefensión o desprotección que le impide el ejercicio de sus derechos como persona consumidora en condiciones de igualdad”.
Es necesario tener en cuenta la Disposición Adicional Única de la Ley de Consumidores y Usuarios que establece que serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener el VIH/Sida. También será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga el VIH/Sida. Asimismo, la Ley 15/2022, establece la prohibición de discriminación en el acceso a los bienes y servicios ofrecidos al público en el marco de una actividad comercial o profesional.
Los mecanismos de defensa de las personas consumidoras son variados. En primer lugar, se recomienda ponerse en contacto con la empresa para resolver el conflicto a través de una hoja de reclamaciones o mediante burofax. En caso de que este método no surta efecto, se podrá presentar un formulario de reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de su localidad o en la Dirección General de Comercio y Consumo en su Comunidad Autónoma. Como últimas alternativas, podrá acudir a los tribunales para exigir responsabilidad civil por los posibles daños causados o, en el peor de los casos, si se tratare de discriminación en el acceso a un servicio o prestación se podrá acudir a la vía penal.
