Si una persona con el VIH decide contratar un seguro de personas (vida, salud o defunción), debe saber que la Ley 4/2018, de 11 de junio, introdujo en el Real Decreto Legislativo 1/2007 una Disposición Adicional que establece la nulidad de las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que sean aplicables y que excluyan a una de las partes por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud. Además, se considera nula la renuncia a lo estipulado en esa disposición.

Asimismo, la Ley 4/2018 también ha incluido en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, la Disposición Adicional Quinta que prohíbe denegar el acceso a la contratación de seguros, establecer procedimientos de contratación diferentes e imponer condiciones más onerosas por razón de VIH/SIDA, salvo que estas acciones se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente. Esto quiere decir que, si existen estas causas, se podría llegar a denegar el acceso a la contratación, establecer procedimientos de contratación diferentes e imponer condiciones más onerosas a las personas con el VIH/SIDA.

Además, la Ley 15/2022, de 12 de julio, desarrolla el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, reconociendo expresamente como causa de discriminación el estado serológico. Según el Tribunal Constitucional, un trato no es considerado discriminatorio si se justifica que la diferencia persigue un “objetivo legítimo” y existe una “relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar”. Por ello, será necesario establecer en qué casos puede estar justificado un trato diferenciado.