Cualquier persona puede acceder a la función pública, ya que este acceso se basa en los principios de mérito y capacidad [art.103.3 de la Constitución Española (CE)] y en el de igualdad (arts. 14 y 23.2 CE y en el art. 55 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)], así como en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Las personas que aspiren a una de las plazas convocadas deberán superar los procesos selectivos, en estos procedimientos podrán incluirse pruebas físicas y reconocimientos médicos (art. 61.2 y 5 EBEP).

Por otro lado, hay oposiciones en las que se solicita un certificado médico acreditativo de no “padecer” enfermedad ni defecto físico o psíquico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo. En estos certificados únicamente se deberá indicar si la persona es apta o no para la ocupación del puesto y/o para desempeñar las funciones propias de la plaza a ocupar, el dato del VIH no debe ser mencionado pues es irrelevante. También hay oposiciones que incluyen cuadros de exclusiones médicas y sobre esta base se realizan los reconocimientos médicos. Estos cuadros están compuestos de una lista de condiciones, y se presupone que quien tenga alguna de ellas no podrá desempeñar las funciones esenciales del puesto de trabajo al que se presenta. En algunas convocatorias el VIH está incluido de forma implícita en estos cuadros como enfermedad infectocontagiosa, lo que conlleva una situación de discriminación por razón del estado serológico pues se produce una exclusión genérica que no está justificada, existiendo acciones legales que se pueden emprender.