La Constitución Española reconoce el derecho a la educación en su artículo 27. Además, la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, impone a las administraciones educativas la adopción de medidas efectivas para la supresión de estereotipos y de cualquier forma de discriminación (entre las que se incluye el estado serológico) en todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos.
En aquellos casos en que se solicita la declaración sobre el estado de salud, incluyendo la prueba del VIH en el ámbito educativo, estarían en juego el derecho a la educación y el derecho a la intimidad de la persona con VIH. El contenido de la declaración debe ceñirse a enfermedades o discapacidades que puedan afectar al ejercicio del derecho a la educación. Dicha afectación, en ningún caso, debe ser motivo de exclusión inmediata pues, una vez agotadas las opciones del diseño universal, deben realizarse todas las adaptaciones que sean necesarias.
La negativa de un centro educativo a matricular a una persona con el VIH no estaría justificada, puesto que es inadecuada en cuanto a su propósito y finalidad, dado que para disminuir los riesgos de una posible transmisión resulta obligatorio realizar la correcta utilización del material en todos los casos. Ante esta negativa cabría interponer un procedimiento especial en materia de derechos fundamentales, incluso, podría resultar de aplicación el delito tipificado en los artículos 511 y 512 del Código Penal si existe una intención clara de discriminar. Además, se puede acudir tanto a la vía Civil como Administrativa.
