La población reclusa tiene derecho a recibir las prestaciones sanitarias en igualdad de condiciones que el resto de la población. El ingreso en una prisión solo afecta algunos derechos, pero no está entre ellos el derecho a la protección de la salud, interconectado con el derecho a la vida e integridad física. Cualquier persona que tenga reconocida la condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene derecho a recibir las prestaciones, entre las que está la farmacéutica, de la cartera de servicios financiada con fondos públicos en cualquier parte del territorio nacional. En el caso de la población reclusa, el acceso a los tratamientos antirretrovirales debe estar garantizado y debe salvaguardarse por las instituciones penitenciarias de las que dependan.

Es importante recordar que la sanidad penitenciaria no está integrada en el SNS, sino que depende de forma exclusiva de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior (con las excepciones de Cataluña, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra), lo que puede generar situaciones de discriminación de la población reclusa, sobre todo a la hora de acceder a tratamientos médicos en las mismas condiciones de igualdad que el resto de las personas. Si la institución penitenciaria no dispensa el tratamiento prescrito por el personal facultativo, ocasionando un perjuicio en la salud, la persona interna puede presentar una queja ante el/la Juez/a de Vigilancia Penitenciaria por la vulneración de sus derechos fundamentales. Previamente a esto, la propia persona puede presentar una queja en el centro penitenciario, siguiendo el procedimiento de peticiones y quejas ante la Administración penitenciaria (art. 53 del Reglamento Penitenciario).