En España, las personas con infección por el VIH, en garantía de su derecho a la intimidad, no tienen la obligación legal de revelar a sus parejas sexuales, esporádicas o estables, su estado serológico.
La puesta en peligro no está considerada ni como delito ni como falta administrativa. Es importante tener en cuenta la evidencia científica que constata el éxito del tratamiento como prevención, pues una persona que se encuentra en tratamiento y tiene la carga viral suprimida no puede transmitir el virus, incluso ante una situación de riesgo como la rotura del preservativo. No obstante, ejercer el derecho a la intimidad también conlleva unos deberes y responsabilidades en el caso de que se produzca una situación de riesgo de transmisión y no se tenga la carga viral suprimida, en cuyo caso sí existe la obligación de comunicar el estado serológico para que se tomen las medidas profilácticas post exposición que eviten dañar a la otra persona.
Solo se castigaría penalmente cuando se ha producido la transmisión del VIH a una persona que, de forma previa, no ha sido informada y no ha podido consentir la puesta en peligro. El Código Penal, en principio, únicamente castiga las acciones que causen lesiones a terceras personas. Si se produjese la transmisión del VIH a la pareja sexual sin tomar medidas de prevención, podríamos encontrarnos ante un delito de lesiones del artículo 149 o 152 del Código Penal, por causar una persona una enfermedad somática grave, esto es, aquella que es imposible curar o que mantiene una secuela física relevante más allá de la curación.
