Las farmacias solidarias en España actualmente suponen un apoyo a la salud de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa se ha consolidado como un recurso para garantizar que ninguna persona que enfrente dificultades económicas y sociales quede excluida del acceso a servicios y recursos que contribuyan a su bienestar. En la actualidad, hay una red de farmacias que se encuentran vinculadas a organizaciones y asociaciones del tercer sector. Además de brindar apoyo, muchas farmacias solidarias también ofrecen orientación y asesoramiento sobre cuestiones de salud, colaborando con servicios sociales para facilitar el acceso a otras prestaciones.
¿Qué tipo de tratamientos pueden ofrecer las farmacias solidarias?
Es importante señalar que hay tratamientos y productos que estas farmacias pueden ofrecer sin la necesidad de autorización de un profesional sanitario concreto, como algunas cremas y medicamentos; en contraste, otros tratamientos, como los antirretrovirales, cuentan con una estricta regulación y su dispensación debe realizarse exclusivamente a través de farmacias hospitalarias, tras la correspondiente orden de dispensación, esto normalmente se conoce como “receta”. Es relevante destacar que el sector farmacéutico está sometido a una estricta regulación, tanto a nivel estatal como europeo, debido al impacto que los fármacos tienen en la salud pública. Por tanto, no parece ser un ámbito en el que el legislador haya dejado margen para actuaciones no específicamente contempladas en la normativa.
En este contexto, surge la pregunta de si la actuación de las farmacias solidarias cuenta con una cobertura legal, considerando que el tratamiento antirretroviral, al igual que muchos otros medicamentos, se distribuye a través de las farmacias hospitalarias previa orden de dispensación hospitalaria, que es una autorización del profesional sanitario correspondiente.
¿Es legal la dispensación de antirretrovirales en farmacias solidarias?
No, el artículo 103 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece que la custodia, conservación y dispensación de medicamentos corresponde exclusivamente a las oficinas de farmacia legalmente autorizadas, bajo la titularidad de un farmacéutico, así como a los servicios de farmacia de los hospitales, centros de salud y estructuras de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud. De igual manera se establece en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (artículos 3.6, 19 y 85).
No obstante, algunas organizaciones proporcionan fármacos antirretrovirales a aquellas personas que los requieren y no pueden acceder a ellos debido a que por su estatus migratorio en España no tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos (como, por ejemplo, los estudiantes extracomunitarios o las personas titulares de un visado de residencia no lucrativa).
Estas organizaciones se encargan de reunir los medicamentos donados por diversas asociaciones, así como por farmacéuticas y hospitales que ya no los utilizan o que están próximos a su fecha de caducidad.
¿Cuáles son las implicaciones de la normativa vigente para las farmacias solidarias?
En definitiva, a partir de la revisión de la normativa mencionada, se deduce que la dispensa del tratamiento antirretroviral solo se puede realizar en farmacias hospitalarias, quedando prohibida su distribución por cualquier otra vía. Por lo tanto, la entrega de medicamentos a usuarios por parte de asociaciones no está regulada por la ley, siendo más bien una práctica contraria a la normativa vigente, ya que no se cumplen los requisitos mínimos que el ordenamiento jurídico exige para la dispensación de fármacos. Además, es importante señalar que los profesionales sanitarios que prescriben o autorizan la dispensación de un medicamento a un paciente deben informar sobre las contraindicaciones y precauciones en su uso, y realizar un seguimiento periódico del estado clínico del paciente para poder reaccionar ante posibles empeoramientos o efectos adversos.
El artículo 111.2.b) de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios establece como infracción grave fabricar, distribuir, importar o vender medicamentos sin tener la autorización necesaria. También es grave dispensar medicamentos en sitios no autorizados o venderlos a entidades que no tienen permiso para estas actividades. Esto significa que no solo las organizaciones y asociaciones del tercer sector que compran o distribuyen estarían infringiendo la ley, sino también quienes les suministran o compran esos medicamentos. Según el artículo 114 de esta misma Ley, las multas por estas infracciones graves van de 30.001 a 90.000 euros, dependiendo de factores como el número de personas afectadas, el daño causado y si hay reincidencia. La responsabilidad de aplicar estas sanciones recae en las Administraciones sanitarias, ya sea el Estado o las Comunidades Autónomas que tengan competencia en legislación farmacéutica.