La legitimación es un concepto jurídico que se refiere a la capacidad reconocida a una persona o entidad para actuar en defensa de sus propios derechos o intereses, o de los de terceras personas o de un colectivo indeterminado de personas, en los procesos judiciales. Esta capacidad no solo garantiza que quienes se consideran afectados por una situación puedan hacer valer sus derechos, sino que también promueve el acceso a la justicia al permitir que diversas entidades actúen en nombre de personas o colectivos que, de otro modo, podrían no tener los recursos o la capacidad para defenderse.
¿Qué cambios ha introducido la Ley 15/2022 en la legitimación?
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ha introducido cambios significativos en la legitimación para la defensa de los derechos en procesos judiciales. Esta ley otorga legitimación a asociaciones y organizaciones legalmente constituidas para representar en procesos judiciales a las personas afectadas que estén afiliadas, asociadas o sean usuarias de sus servicios, siempre que cuenten con su autorización expresa (artículo 29). Las asociaciones y organizaciones pueden actuar si han estado constituidas al menos dos años antes del proceso judicial y han ejercido de manera activa las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. Este avance amplía el ámbito de legitimación incluyendo motivos como el origen étnico, la orientación sexual, la discapacidad y el estado serológico.
Por su parte, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, fortalece la legitimación de las asociaciones y organizaciones que defienden los derechos LGTBI, reafirmando su capacidad para actuar en diversos ámbitos judiciales y contribuir a la defensa de sus derechos e intereses.
¿Qué impacto tienen las nuevas Leyes en la legitimación de asociaciones y organizaciones?
La entrada en vigor de estas dos Leyes ha supuesto la reforma del artículo 11 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que ha incluido no solo la defensa de intereses individuales y colectivos, incluso también intereses difusos, sin necesidad de autorización expresa por parte de los afectados en determinados casos. Esta disposición establece un sistema de acción que permite a las asociaciones y organizaciones representar a grupos amplios y no identificados, lo que facilita la defensa de los derechos que podrían afectar a los afiliados, asociados o usuarios. Además, se ha añadido el artículo 11 ter sobre legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
En el ámbito contencioso-administrativo, la reforma del artículo 19.1.i) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, también ha supuesto el reconocimiento de la legitimación a las asociaciones. Sin embargo, en el ámbito social, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social no ha sido modificada, a pesar de que la Ley 15/2022 también indica que esa ampliación de la legitimación también se aplica a procesos judiciales del ámbito social, aunque con mayores limitaciones que otras jurisdicciones.
¿Cuál es el objetivo de estas reformas y cómo pueden las asociaciones y organizaciones ejercer su capacidad legal?
El objetivo común de estas reformas es facilitar el acceso a la justicia para personas que, por diversas razones, como el elevado coste económico y la carga emocional que implica iniciar un proceso judicial, se verían desalentadas a actuar. La legitimación de las asociaciones y organizaciones permite su intervención en los procesos judiciales defendiendo intereses de terceras personas. Este enfoque también permite la acumulación de reclamaciones individuales en un único proceso, lo que incrementa la eficiencia en la defensa de derechos.
Las asociaciones y organizaciones pueden ejercer su nueva capacidad legal contratando a un profesional del derecho especializado o mediante sus propios servicios jurídicos. Sin embargo, si no disponen de recursos para contratar un/a abogado/a o carecen de servicios jurídicos, tienen derecho a la defensa y a la asistencia letrada (artículo 24.1 de la Constitución), lo que incluye el acceso a asistencia jurídica gratuita (artículo 119 de la Constitución). La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, reconoce este derecho a las asociaciones y organizaciones de utilidad pública que demuestren insuficiencia de recursos para litigar, considerando insuficiente aquella situación en la que el resultado contable anual es inferior al triple del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).