Los determinantes legales de la salud juegan un papel muy importante en la consecución del objetivo de ONUSIDA de acabar con la epidemia de VIH en 2030. Aun con sombras, la legislación de desarrollo del artículo 43.1 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud, garantiza que el acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos sea (casi) universal, lo cual permite acceder al tratamiento antirretroviral a (casi) todas las personas con el VIH que lo necesitan y solicitan. Además, la Ley 15/2022 establece en su artículo 2.1 que nadie puede ser discriminado por una variada lista de razones, entre las que se encuentra el estado serológico como razón diferenciada de la discapacidad y de la enfermedad.
Los determinantes legales de la salud y la discriminación
La incesante e inacaba lucha por los derechos ha logrado que la sociedad ya no sea abiertamente racista, sexista, homófoba, edadista o capacitista. Sin embargo, no hemos logrado acabar con la discriminación hacia las personas con el VIH pues el trato diferente hacia los otros está incorporado en normas, usos y costumbres, prejuicios y estereotipos que subyacen y constituyen la razón de ser o el fundamento de las reglas institucionales, convirtiendo a la discriminación en un elemento estructural.
La discriminación basada en la elección
La discriminación se puede producir porque éticamente somos más proclives a tratar diferente y peor a aquellas personas a las que hacemos responsables de su situación personal. Es la denominada ‘discriminación basada en la elección’ (choice-based discrimination). Esto es especialmente relevante en el VIH pues dos de las vías de transmisión del virus están estigmatizadas por estar relacionadas con el consumo de drogas vía parenteral y con el comportamiento sexual. Ese estigma presente en el VIH genera una serie de estereotipos y de prejuicios hacia las personas que viven con ese virus o hacia las personas que se relacionan con ellas que en muchas ocasiones desemboca en un comportamiento que es discriminatorio pues se les hace responsables de su condición de salud. En realidad, esas elecciones no siempre son controlables y, por lo tanto, la discriminación debe plantearse desde las relaciones de poder que configuran la sociedad y condicionan la capacidad de las personas para participar en cómo deben estar reguladas sus acciones y en cómo pueden desarrollar y ejercer sus derechos. Es lo que Iris Marion Young denominaba dominación y opresión.
Las personas con el VIH como grupo dominado y oprimido
Si exclusivamente centramos la atención y los esfuerzos en la creación de instrumentos legales que regulen la asignación y acceso a bienes, servicios y derechos, estaríamos ignorando que la estructura social y el contexto institucional determinan los patrones distributivos. Por eso es tan importante combatir la discriminación estructural pues existen maneras diferentes de que se manifieste la dominación y opresión de un grupo hacia otro.
Las normas jurídicas antidiscriminatorias, tanto las de carácter general como las específicas para las personas con el VIH, permiten contrarrestar la situación de dominación. Aunque se actúe sobre la dominación, pues en un Estado de Derecho rige el imperio de la ley, que es producto de la voluntad popular, se mantienen las condiciones que hacen que las personas con el VIH sean un grupo oprimido.
Esta opresión puede manifestarse como explotación, marginalización, falta de poder, imperialismo cultural y violencia. La presencia de una de ellas es suficiente para considerar que el grupo está oprimido. Las personas con el VIH constituyen un grupo porque se trata de un colectivo de personas con una identidad propia que determina el modo en que las personas que lo integran interpretan tanto las relaciones interpersonales como a sí mismas. Su identidad va más allá de ser homosexual, usuaria de drogas inyectables o tener tal o cual identidad de género. Tienen una afinidad específica entre ellas que es fruto de un sentido particular de la historia.
Por otro lado, constituyen un grupo oprimido porque podemos encontrar, explotación, esto es, la transferencia de los resultados del trabajo de un grupo para el beneficio de otro; marginalización, porque históricamente han sido expulsadas de la participación en la vida social, sometiéndolas a privación material; falta de poder, porque han estado excluidas de la participación del proceso de toma de decisiones sobre las condiciones de sus vidas y sus acciones; imperialismo cultural, porque experimentan cómo los significados dominantes en una sociedad les invisibiliza al tiempo que generan estereotipos, les estigmatizan y les etiqueta como ‘los otros’; y violencia, porque viven con el miedo de experimentar ataques aleatorios, sin provocación, que afecten tanto a su integridad física como a sus propiedades, sin más motivo que hacer daño, humillar, o, en el caso más extremo, matar.