La prueba de detección del VIH, por regla general, es voluntaria. Únicamente es posible imponer su obligación cuando lo imponga una norma jurídica, es decir, tenga una base legal; persiga un fin legítimo y sea una medida necesaria en una sociedad democrática. Además, la medida no debe ir más allá de lo estrictamente necesario y debe atender a razones relevantes y convincentes que la justifiquen.
Las situaciones más comunes en las que resulta obligatoria la realización de la prueba de detección del VIH son:
- En el ámbito sanitario, cuando nos vamos a realizar una operación.
- En determinados supuestos en el ámbito laboral, esto es, cuando exista un riesgo real y justificado en el que se pueda producir una transmisión efectiva del VIH.
- Durante el embarazo, para evitar la transmisión vertical del virus al concebido pero no nacido (nasciturus).
- Y, en general, en aquellas situaciones en las que se pueda producir un riesgo de transmisión a terceros de forma cierta y concreta.
De lo expuesto se deduce que hay un factor común: la obligatoriedad de la realización de análisis médicos para proteger la salud de la persona en cuestión debe tener una base legal y constituir una medida necesaria para proteger la salud de terceras personas.
