Esta Secretaría de Estado reconoce que el cuadro de exclusiones respecto al VIH está desfasado porque no considera los avances científicos que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión del VIH.
FSC-CCOO, FELGTB, Trabajando en Positivo y CESIDA mantuvieron ayer una reunión con representantes de la Secretaría de Estado de Función Pública para eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el acceso y la permanencia en el empleo público.
Esta reunión tuvo como objetivo lograr el compromiso de esta secretaría de Estado para erradicar la discriminación que se vive en el ámbito laboral dentro de las instituciones públicas, donde se encuentran determinadas exclusiones médicas que se reflejan en las bases de oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía Nacional y que, de forma indirecta, sirven en muchas ocasiones como excusa para excluir a las personas con VIH.
Igualmente, otra excusa para llevar a cabo dicha exclusión es la sobrevaloración del riesgo de transmisión del VIH en el desempeño de este tipo de ocupaciones, según se desprende de los escritos emitidos por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública en los que se argumenta que “las funciones de las personas que trabajan en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio del VIH y justifican suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.
Durante este encuentro, las organizaciones señalaron la importancia de que la normativa española en relación con el empleo público recoja las recomendaciones existentes a nivel internacional (como las de la Organización Internacional del Trabajo) así como los avances científicos que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión del VIH, siendo ésta una cuestión de derechos pero que también puede ayudar al control y a la respuesta al VIH en España.
Javier Pérez Medina, director general de Función Pública, ha manifestado su compromiso de recopilar informes técnicos para cambiar el cuadro de exclusiones respecto al VIH, el cual, según reconocieron en la reunión, “estaba desfasado”.
Por su parte, las organizaciones mostraron su disposición a colaborar y ofrecer asesoramiento en cualquier momento, especialmente a la hora de conocer cómo se aborda esta cuestión en otros países de nuestro entorno.
Las organizaciones asistentes valoran positivamente la reunión por la predisposición mostrada por la D.G. de Función Pública de seguir colaborando a partir de esta reunión, que había sido solicitada por las entidades en cuatro ocasiones desde 2014 y porque si finalmente se llevan a cabo las actualizaciones en el cuadro de exclusiones, éstas también repercutirían de manera favorable e inclusiva en las diferentes convocatorias de empleo público de carácter autonómico y local, permitiendo así el acceso a todas ellas por parte de las personas con VIH.