El PSOE propone a Sanidad financiar el Plan Nacional para la hepatitis C con el IVA sanitario

La principal disonancia más allá de las fronteras del ministerio es la falta de un fondo estatal que alivie a las comunidades autónomas.
El Grupo Socialista calcula que el incremento de este impuesto retorna a las arcas públicas 500 millones
Todos los artífices del Plan nacional para la hepatitis C, los grupos parlamentarios y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas han repetido hasta la saciedad que el dinero no iba a ser ni juez ni parte en la prescripción de los tratamientos que el médico decida para sus pacientes. Sin embargo, la cuestión que más separa a los protagonistas del plan es la financiación. El jueves pasado, en la primera comparecencia del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en la comisión homónima del Senado, volvió a quedar patente.
La principal disonancia más allá de las fronteras del ministerio es la falta de un fondo estatal que alivie a las comunidades autónomas. Por ello, el grupo socialista, en su interpelación, propuso a Alonso que la partida del incremento del IVA sanitario (del 10 al 21 por ciento) se destinase al plan nacional y sirviera como fuente primaria de financiación. «Es necesaria una financiación específica para asegurar la equidad en el desarrollo del plan y una buena partida pueden ser los 500 millones que Hacienda ingresará por el incremento del IVA sanitario», aseveró Encarnación Llinares, portavoz socialista de Sanidad en la Cámara Alta.
Alonso rebatió la propuesta bajo el argumento de que habilitar un fondo no constituye una garantía y, además, entorpece las posibles negociaciones con los laboratorios a la hora de incluir un medicamento en la financiación pública. Según apuntó el ministro de Sanidad, tenían una previsión de coste de estos medicamentos de más de 3.000 millones de euros en enero. «¿Cómo se puede acometer esa financiación cuando ves que la necesidad real que tienes en ese momento supera los 3.000 millones de euros? Pues habrá que negociar mucho y desde luego que no se negocia prometiendo no sé qué en un fondo. Creo que esa no es una posición razonable, ni siquiera responsable», explicó Alonso.
Para el ministro la mejor solución posible ha sido la alcanzada con el Ministerio de Hacienda. Según les avanzó el pasado 3 de marzo a los consejeros de Sanidad autonómicos, las comunidades podrán financiar a diez años los 727 millones necesarios para acometer el plan a razón de unos 240 millones anuales. «No computará para déficit, el primer año será a interés cero por ciento y no tendrán que adelantar ningún dinero porque las facturas las pagará Hacienda», repitió en el Senado. Más allá del primer año, el interés al que se enfrentarán las regiones será la del tipo de Tesoro, que este año se sitúa en el 1,2 por ciento.
Para que este modelo de financiación se fragüe correctamente el Gobierno se reunirá con los consejeros de Hacienda en los próximos 15 días para que se comprometan de forma efectiva y el plan nacional pueda avanzar hacia el trámite previo a su implantación: la aprobación unánime en el Consejo Interterritorial que se celebrará a finales de marzo. Una vez cumplido, Alonso aseguró que el 1 de abril la única preocupación que deben tener las comunidades autónomas es tener listo los protocolos hospitalarios para dar respuesta inmediata a los casi 52.000 pacientes de hepatitis C que se encuentran en fibrosis 2 o mayor. «Además, a partir de ese día, el nomenclátor tendrá a disposición de los médicos dos nuevas terapias (Harvoni, de Gilead, y la biterapia de Abbvie, Viekira y Exviera), por lo que todas las herramientas del plan estarán listas».
Ante estas palabras del ministro, Llinares lamentó que haya que esperar tres semanas para atender a los enfermos. «Tras más de un año de retraso aún el Gobierno no es capaz de tratar ya hoy a los enfermos con los tratamientos que necesita», apostilló.
ElGlobal