El circuito de un nuevo medicamento, vacuna o tratamiento está consensuado por la legislación internacional: todos los fármacos tienen que someterse a una investigación en la que se comprueba cómo el cuerpo humano reacciona a sus efectos. Se trata de procesos complejos, que necesitan varios años de trabajo y que sirven para comprobar su seguridad y eficacia.
España garantiza unos estándares muy elevados. En 2020, por ejemplo, alcanzó la cifra récord de un millar de ensayos clínicos autorizados por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), siendo uno de los países del mundo que concentra un mayor número de ensayos, según datos de Farmaindustria.
Los ensayos clínicos ofrecen a las personas la oportunidad de participar en el desarrollo de medicamentos que tienen el potencial de mejorar el tratamiento de una enfermedad. Pero no siempre reflejan la diversidad de la población. “En los ensayos deben tenerse en cuenta aquellas poblaciones que van a recibir el tratamiento en desarrollo. Son importantes el sexo, la edad, la raza y la etnia, y las comorbilidades. No parece razonable que un medicamento que va a ser utilizado en población mayor de 70 años no tenga información procedente de ensayos clínicos en esta población”, afirma Alberto Borobia, investigador del servicio de Farmacología Clínica y la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UCICEC) del Hospital Universitario La Paz.
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