Pide transparencia al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la hora de informar sobre la situación de los acuerdos con los laboratorios.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha recordado este viernes que el Sistema Sanitario Público de Andalucía «no priva a las personas enfermas de hepatitis C de ningún tratamiento que le sea necesario para su enfermedad».
En un comunicado, ha afirmado que estos pacientes «pueden tener la total confianza y seguridad de que en Andalucía no se les va a privar, por razones económicas, del medicamento que requieran para el mantenimiento de sus vidas».
La consejera se ha comprometido con las asociaciones de enfermos de hepatitis C, entre ellos con la Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos (AATH) a que, con independencia de que finalicen los acuerdos entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el laboratorio que comercializa uno de los medicamentos y que finaliza el 31 de agosto, «se seguirá solicitando la autorización de importación de la Aemps para cuantos tratamientos sean necesarios siempre que cumplan los criterios de uso».
Sánchez Rubio ha pedido «transparencia» al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la hora de informar sobre la situación de los acuerdos con los laboratorios, de manera que las personas afectadas por la hepatitis C reciban un mensaje de tranquilidad también desde el Gobierno central.
«Tiene que quedar claro por parte del Ministerio que la vida de ninguna persona afectada por hepatitis C va a verse comprometida por motivos económicos», ha añadido.
De la misma manera, la consejera ha querido manifestar su intención de seguir colaborando para que los criterios de utilización de los nuevos medicamentos sean comunes en todo el Sistema Nacional de Salud, «siempre y cuando esos criterios persigan los mejores resultados en salud para los pacientes».
Sánchez Rubio también ha dejado claro que es «intolerable» que algunos laboratorios farmacéuticos pretendan hacer un negocio más con la salud de las personas, intentando imponer «precios inaccesible a las personas y a los gobiernos por tratamientos que podrían tener un coste mucho menor».