Denuncian que el ministerio de Ana Mato autorizó el uso de un medicamento que cura la enfermedad tras negociar el precio, pero prolonga su aplicación.
Belén Martín, de 43 años, inició el pasado viernes una huelga de hambre en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Se ha instalado en el hueco de las escaleras del centro sanitario con un objetivo muy claro: que su marido reciba sin mayor demora el fármaco milagroso que cura la hepatitis C.
Si no lo consigue, los médicos ya han certificado el futuro de Saturnino Cobo. La enfermedad ha entrado en fase terminal.
Sistema de financiación pública
Los sanitarios del Ramón y Cajal le han recetado el medicamento, que se incluyó en el sistema de financiación pública el pasado 1 de noviembre. Pero nunca llega a la habitación de los Cobo Martín.
El principal problema del fármaco no es su fiabilidad; es su alto coste económico. El Ministerio de Sanidad, encabezado por Ana Mato, negoció durante nueve meses con el laboratorio farmacéutico estadounidense Gilead el precio de Sovaldi, el nombre comercial del sofosbuvir.
A principios de mes se alcanzó el pacto, pero el Gobierno no ha terminado los trámites burocráticos para que entre en el mercado.
Trámites burocráticos
Sanidad debe hacer públicos los informes de posicionamiento terapéutico (IPT) que indican a qué pacientes se puede administrar. El ministerio marca las pautas y las comunidades son las responsables de seguirlo. El documento está listo desde septiembre, informa El País, pero aún no se ha publicitado.
La delicada situación de Saturnino Cobo propició que el Comité de utilización de agentes antivirales para el tratamiento de la hepatitis C autorizara la prescripción de Sovaldi el pasado 20 de octubre. Aún lo espera.
Explicaciones del hospital
El hospital señala al laboratorio que produce el otro medicamento que le ha sido recetado al enfermo, Daclatasvir, como responsable de la demora. Asegura que Bristol aún no ha autorizado su dispensación por escrito, con lo que no puede iniciar el tratamiento.
Martín ha iniciado la huelga de hambre al mismo tiempo en que crecen las críticas por los presuntos motivos reales que existen tras el retraso. Mato ya ha sido señalada como la responsable de paralizar la prescripción de la cura de la enfermedad por el alto coste económico.
Prescripción mínima
La hepatitis C afecta a unas 800.000 personas cada año en España. La posibilidades económicas del Ejecutivo central provocan que su uso se prevea mínimo, sólo al 0,6% de los afectados.
Mato anunció una partida de 125 millones en el primer ejercicio para financiar el tratamiento. El precio por tres meses de uso alcanza los 25.500 euros, por lo que sólo beneficiará a unas 4.900 personas en la sanidad pública. Ello, sobre el papel, tal y como recuerda el entorno de Cobo. Aún no ha llegado al Ramón y Cajal.
Agencias