• Se discrimina a las personas con el VIH tanto por la Administración como por particulares y empresas.
• Las consultas recibidas manifiestan que se sigue considerando un ‘peligro social’ a quienes viven con VIH.
• Los partidos políticos candidatos a la presidencia del Gobierno deben comprometerse a crear un Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación.
La Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA, ha presentado el informe ‘Discriminación por razón del VIH: Los casos de la Clínica Legal en 2015”, elaborado por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. El informe determina que en casi un 60 % de las consultas recibidas en CESIDA durante el año 2015 se ha detectado una situación de discriminación por tener el VIH.
Del informe se desprende que los ámbitos en los que existen más casos son el acceso a determinados empleos públicos (Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos, Personal Sanitario); el acceso a servicios (contratación de seguros y servicios privados); la confidencialidad de los datos personales y la vulneración del derecho a la intimidad (revelación del estatus serológico y sometimiento a la prueba del VIH).
“Las consultas recibidas manifiestan la existencia de barreras institucionales y actitudinales frente a las personas con el VIH, pues se sigue considerando que son un ‘peligro social”, manifiesta Miguel Ángel Ramiro Avilés, coordinador de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá.
Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA, exterioriza que “En el caso de las personas con el VIH el proceso de estigmatización supone que se les atribuye una supuesta peligrosidad porque el virus se puede transmitir, lo cual supone un perjuicio pues justifica la limitación de sus derechos”.
El informe recoge las diferentes situaciones en las que se ha producido esta discriminación que van desde el ámbito laboral, contractual y sanitario hasta el ámbito personal o familiar. Asimismo, refleja que la discriminación se ejerce no sólo por particulares sino también por empresas, como podría ser una compañía de seguros, y por organismos que componen la Administración pública a nivel nacional, autonómico o local.
El estudio se ha realizado sobre 93 casos recibidos en el buzón de correo electrónico de la Clínica Legal de CESIDA durante el pasado año 2015. “De esta cifra es importante señalar que no todos los casos constituyen un supuesto de discriminación puesto que en varias ocasiones el usuario que remitió la consulta consideraba que estaba siendo discriminado por tener el VIH pero en realidad no se le había vulnerado su derecho a la igualdad sino que se trataba de la limitación de otros derechos (el 19 % de los casos)”, apunta Ramiro.
Asimismo, otras consultas recibidas cuyos remitentes también alegaban ser víctimas de discriminación por tener el VIH no presentaban tal característica ni tampoco constituían un caso de limitación de otros derechos (el 23 % de los casos).
De los casos en que ha habido discriminación, el 35,1 % (19 de los casos recibidos) lo constituyen aquellas situaciones en las que se discrimina a personas con el VIH en el acceso a determinados empleos públicos, en especial los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las profesiones sanitarias.
El 20,5 % (10 casos de los recibidos) lo constituyen aquellos casos en los que tener el VIH supone sufrir una discriminación a la hora de acceder a servicios privados como pueden ser la contratación de seguros de salud o de vida o la contratación de servicios de atención dental, capilar o dietético.
El restante 44,4 % (24 de los casos recibidos) lo componen todos aquellos supuestos en los que personas con el VIH han sido discriminadas por haber sido revelada información sobre su estado de salud. “Nos referimos a situaciones en las que se ha producido la divulgación deliberada de información sanitaria en perjuicio de una persona con el VIH, los insultos a través de redes sociales, el sometimiento a exámenes médicos en el ámbito laboral que incluyen la prueba del VIH cuando ésta es irrelevante para el desarrollo de ciertos puestos de trabajo, etcétera”, expresa Miguel Ángel Ramiro.
«Los partidos políticos candidatos a la presidencia en las próximas elecciones generales deben evitar que estas situaciones discriminatorias, sin sentido, sigan produciéndose, por ello es necesario que pongan en marcha un Pacto de Estado frente al VIH, el sida, la discriminación y el estigma«, traslada el presidente de CESIDA.
La discriminación es una de las violaciones de los derechos humanos más significativas en el campo del VIH ya que provienen de un proceso de estigmatización en el que se crean estereotipos, prejuicios y discriminación.
INFORME COMPLETO