Representantes políticos y entidades sociales se reúnen para analizar el presente y el futuro de los recursos residenciales para las personas con VIH en situación de exclusión social o dependencia.
Madrid, 19 septiembre. La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) organizó ayer unas jornadas para debatir sobre los modelos de gestión y financiación de los centros residenciales para personas con el VIH, así como para analizar las necesidades de las personas usuarias de estos servicios. El perfil de las personas que necesitan un recurso residencial está cambiando en muchas ciudades. Las entidades siguen atendiendo a muchas personas de más de 50 años en situaciones de exclusión cronificadas, pero también están apareciendo nuevos colectivos como personas migrantes en situación irregular, personas trans y hombres gais que por distintas circunstancias precisan de estos recursos.
Al encuentro acudió Julia del Amo, la directora del Plan Nacional sobre el Sida, para sentarse a una mesa de debate con distintos representantes políticos. “El Pacto para la no discriminación (asociada al VIH) lucha para que no haya exclusión de estas personas en recursos residenciales por una mala interpretación de la definición de enfermedad `infecto-contagiosa´, en la que no se incluye el VIH”, explicó del Amo. Antonio Román Jasanada, representante del Partido Popular, se mostró sorprendido al conocer que en algunas residencias de tercera edad públicas, privadas o concertadas se prohíbe la admisión de personas seropositivas. “Ya sabemos los mecanismos de transmisión y no tiene sentido que no se permita la entrada a alguien en una residencia o en una piscina por tener el VIH. Me niego a que una persona tenga estigma por tener una enfermedad”, declaró el político popular. Ramón Espacio, presidente de CESIDA, reclamó una instrucción desde el Consejo de Sanidad para que las Comunidades lo apliquen y se acabe con esta forma de exclusión.
Marta Marbán, representante de Ciudadanos, explicó que el modelo de financiación de este tipo de recursos residenciales no puede depender exclusivamente del IRPF, “que además desde hace dos años pasó a ser gestionado por las comunidades autónomas y ha sido un caos por el cambio del baremo”. Jasanada se mostró de acuerdo con Marbán en este punto y añadió que “no hay que descartar otras vías de financiación”. Desde las entidades sociales presentes se reclamó más responsabilidad institucional en la atención a las personas con el VIH en situación de exclusión. El VIH ya no es determinante, sino que es un factor de vulnerabilidad más, unido a otras muchas circunstancias, por lo que los recursos para estas personas deben estar preparados para atender perfiles diversos.
“Llevamos 30 años pidiendo lo mismo y el estigma sigue”, denunció Judit Beltrán, directora del centro residencial La Encina (Burgos). “Cuando empezamos atendíamos a nuestros hermanos, amigos…La Administración no sabía qué hacer y nos dió dinero para que las asociaciones nos encargásemos», dijo Beltrán. Sonia, del Comité Antisida de Coruña, pidió a los políticos que, por favor, sigan de la mano a las entidades: “Nos hemos profesionalizado desde esa primera etapa. Hemos demostrado sostenibilidad y eficiencia. Todos sabemos lo que es no cobrar en muchos meses porque el dinero de las subvenciones no llega o llevarte a alguien a casa porque no hay más plazas en el centro”.
Además, las entidades presentaron distintos proyectos para abordar las distintas realidades del VIH. La asociación Siloé en Mallorca ha acompañado a 111 personas a morir, ABD ha creado un programa de residencias para personas con diversidad sexual o transgénero (algunas de las cuales tienen VIH), la Fundación 26 de Diciembre tiene programas de envejecimiento activo para personas LGTBI y está construyendo un recurso residencial, al que podrán optar personas seropositivas. Desde la Asociación T4 presentaron la organización de su centro de día y residencia, puntero en España, que permite la individualización completa de la ayuda a los usuarios y en la voluntariedad:»la persona tiene el derecho de elegir si se ducha, si consume drogas o no, incluso dentro de nuestro centro. Y nosotras les acompañamos en sus decisiones y les ofrecemos los recursos a los que tienen derecho», explicó Álvaro Ortiz, de T4. Paqui Lucha, de la Asociación Ciudadana Antisida de Guipúzcoa, cerró la presentación recordando que las residencias también son una estrategia preventiva, ya que las personas con VIH que ingresan mejoran su adherencia al tratamiento.
