En comunidades como la de Madrid “hay que seguir luchando todos y cada uno de los casos de personas migrantes con VIH para que sean atendidas”.
Hoy 20 de abril se cumplen tres años de la aprobación del Real Decreto ley 16/2012 que ha dejado a 873.000 personas, casi el 20 % de la población inmigrante residente en España, sin atención primaria, según recoge el Programa Nacional de Reformas de España 2013.
Con la excusa de la crisis económica, y las políticas austeras del Partido Popular, justificaban en 2012 esta anulación del Derecho a la sanidad universal. Desde entonces, Médicos del Mundo ha registrado a 1.000 personas inmigrantes afectadas por esta medida que han pagado con su salud estos recortes.
“Este Real Decreto prometía sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero sigue sin haber un informe económico por parte del Gobierno de España que lo justifique”, denuncia Miguel Luis Tomás, secretario general de CESIDA.
Este miércoles, Mariano Rajoy ha anunciado una reunión en próximas fechas entre el ministro de Sanidad y los responsables de sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas para tratar la Atención Primaria de personas migrantes en España.
“Es curioso que Rajoy anuncie esta reunión, por cierto sin fecha concreta, a poco más de un mes de las elecciones. Hace dos semanas el Ministerio de Sanidad hizo este anuncio, pero sigue sin definir cuándo y cómo devolverá la atención primaria a estas personas”.
Tomás añade que “resulta paradójico que hace sólo un mes el Partido Popular, junto a Ciudadanos, rechazó apoyar la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, por lo que desde CESIDA desconfiamos de estas intenciones populares, que más se trate de una estrategia electoral para alejarse de Ciudadanos”.
CESIDA recuerda que el derecho a la salud sólo es un derecho mientras sea universal, ya que es un bien común, y “esto se trataría de un parche y no existen los derechos a medias”, afirma el secretario general de CESIDA quien augura que “además no se va a cumplir, ya que sobre papel estaba puesto que habría atención sanitaria en urgencias y no se está cumpliendo. A día de hoy, en comunidades autónomas como la Madrid hay que seguir luchando todos y cada uno de los casos de personas migrantes con VIH para que sean atendidas y reciban tratamiento”.
Reyes Velayos, vocal de CESIDA, denuncia que la atención sanitaria a personas migrantes sigue siendo obstaculizada por parte de las administraciones, “por ejemplo a través de la presencia de los carteles disuasorios en consultas y urgencias en las que requieren la tarjeta sanitaria para que estas personas sean atendidas, sin olvidar que al negar la asistencia primaria, la factura en Urgencias se incrementa, hasta anular ese posible ahorro”.
CESIDA