- Instituciones Penitenciarias ha enviado una circular a las cárceles españolas que recoge el veto a una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos.
- Juan Ramón Barrios: “Las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”.
La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) manifiesta su indignación con la circular enviada desde Instituciones Penitenciarias a las cárceles españolas que veta una serie de medicamentos que se pueden recetar gratuitamente a los presos. Esto es mucho más indignante cuando además este mismo año el Tribunal Supremo anulaba una orden que permitía a las cárceles modificar el tratamiento para ahorrar. Lo que a juicio de esta entidad supone un deterioro importante para la salud de muchas personas reclusas que no podrán acceder a medicamentos que necesitan y que están financiados por el sistema nacional de salud, en una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad.
Para Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA “este nuevo ataque a los derechos sanitarios de las personas reclusas es una clara vulneración de los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad”, además añade “y por lo tanto de sus derechos humanos, porque las personas reclusas están privadas de libertad, no del derecho a la salud”.
Además la coordinadora recuerda que alrededor de un 20 % de las personas privadas de libertad en España padecen hepatitis C de las cuales un 27 % está coinfectada por el VIH. Un problema grave que necesita una solución urgente y que no se está abordando de forma prioritaria y con la contundencia necesaria para resolver esta situación que se vive en las cárceles españolas.
CESIDA recuerda además que esta situación se puede ahora agravar si se ponen trabas a los medicamentos necesarios para tratar las comorbilidades asociadas con lo que la salud de estas personas se puede ver seriamente agravada.
Juan Ramón Barrios afirma que “hacer pagar a las personas reclusas por aquellos medicamentos que sean vetados por instituciones penitenciarias es una verdadera barbaridad, el acceso a la sanidad tiene que ser universal, para todos y todas”. Barrios ha señalado que «nos vamos a encontrar con una mayoría de personas con largas condenas y con una condena añadida para su salud y con una minoría de personas reclusas con menores condenas y con delitos de guante blanco que no tendrán problemas económicos para resolver este tema”, por lo que añade “esta será una nueva medida clasista de este gobierno”.
Es por todo esto que desde CESIDA pedimos al Ministerio del Interior que retire esta instrucción de forma inmediata para garantizar el derecho a la salud de todas las personas y en caso contrario anima a las organizaciones médicas colegiadas a que presenten un recurso contra Instrucción que vulnera los Derechos Humanos, el Reglamento Penitenciario y la autonomía de los profesionales sanitarios en este ámbito. CESIDA por su parte va a solicitar un informe jurídico a su departamento de clínica legal y estudiará, junto a otras organizaciones del ámbito penitenciario, las acciones judiciales para derogar nuevamente esta inhumana instrucción del Gobierno.
