Artículo de Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia

Reflexiones sobre el Decreto que niega el acceso al sistema sanitario a personas en situación irregular.
Personalmente en mi trabajo de atención a víctimas del racismo, la xenofobia y la intolerancia he vivido situaciones extremas que algunas han podido corregirse y otras no, mediante la presión social y ciudadana. Este fue el caso de un africano sin papeles, que al que quemaron vivo en una acción de tipo racista.
Sucedió unos días antes de la entrada en vigor del decreto y los directivos del hospital donde le operaron alegaban que una vez atendido y tras las curas de urgencia no podían continuar el tratamiento por no tener papeles, a riesgo de padecer infecciones y no contemplar futuras y necesarias operaciones (necesitó 14 operaciones). La crítica mediática y la presión ciudadana lo consiguieron, y los directivos del hospital hicieron otra lectura del decreto. No fue así en otros casos donde la soledad, indiferencia y falta de solidaridad ciudadana completaron negativamente las consecuencias del decreto.
Este es un decreto que desde una perspectiva humanitaria supone un grave retroceso en la conquista universal de los derechos humanos, así como en la defensa de la dignidad de la persona. La política migratoria de un país democrático nunca puede perder esta perspectiva en un derecho fundamental como es la salud.
Desde un punto de vista constitucional, a mi juicio, contraviene el art 9.2 de nuestra Carta Magna que mandata a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y este decreto está en franca contradicción, como lo está con el artº10 que plantea que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,.. son el fundamento del orden político, y que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En cualquier caso ese decreto deshumaniza la política y no viene a resolver ningún problema económico, olvidando que todas las personas pagan impuestos, incluidos los sin papeles, a través del consumo (21% de IVA), por cierto mucho más que las SICAV que tributan al 1% y que muchos otros que no tributan.