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Acceso de las personas mayores con VIH a centros residenciales


18 diciembre 2019 – El gobierno respondió a la demanda de CESIDA para acabar con la discriminación de acceso de las personas mayores seropositivas a los centros residenciales y plazas en centros concertados. Esto se ha realizado tras un acuerdo con el IMSERSO ratificado en los Consejos Interterritoriales de Sanidad y Asuntos Sociales lo que conlleva el compromiso de las Comunidades Autónomas para hacerlo cumplir en su territorio. 
Se estima que actualmente viven en España entre 140.000 y 170.000 personas con el VIH. Tanto los avances en los tratamientos como en la atención sanitaria han mejorado la esperanza y la calidad de vida de estas personas. La infección por el VIH se ha convertido, por tanto, en una enfermedad crónica, de forma que quienes conviven con ella han visto aumentada su esperanza de vida y están experimentando los procesos habituales de envejecimiento.
Sin embargo, las personas con el VIH siguen experimentando un trato discriminatorio en ámbitos como el sanitario, el laboral, así como en el acceso a prestaciones, seguros y servicios. En nuestro país es frecuente la exigencia de un certificado médico de no padecer una enfermedad infecto-contagiosa para el acceso a determinados servicios, como los centros residenciales. Ello ha servido para justificar exclusiones que tienen un dudoso encaje en nuestro ordenamiento jurídico.
El artículo 14 de la Constitución Española establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.La exigencia del certificado choca con la evidencia científica disponible respecto al tratamiento y la transmisión del VIH. Esto demuestra que las vías de transmisión requieren un contacto mucho más estrecho, como el sexual o el sanguíneo, y que por tanto no hay riesgo de transmisión de la infección en la vida cotidiana, sin requerir actuaciones diferentes a las ya implantadas medidas de prevención universales. En este contexto, la lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con infección por el VIH es una responsabilidad de cualquier sociedad comprometida con los derechos humanos y un requisito indispensable de las estrategias de control de la epidemia.
Una muestra de ese compromiso es el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades sociales. El pacto actualiza el cuadro de exclusiones médicas en relación con el empleo público en función de las recomendaciones internacionales y los avances científicos respecto al tratamiento y la transmisión del VIH. Una medida de justicia social que pone fin a una discriminación histórica que venían soportando más de siete millones de personas.
Por todo lo anterior, las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, asumen el compromiso de eliminar cualquier tipo de
discriminación hacia las personas con infección por el VIH, en relación con el acceso a centros residenciales públicos o a plazas concertadas en centros de titularidad privada.
Para ello, se comprometen a adaptar las instrucciones de acceso a dichos centros, con el objetivo de evitar exclusiones discriminatorias hacia las personas con el VIH.

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