CESIDA recuerda en sus terceras jornadas sobre sanidad penitenciaria que la ley de transferencia a las CC.AA. lleva 16 años sin cumplirse.
“La transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas lleva un incumplimiento de 16 años, con la excepción de País Vasco y Cataluña”, recalcó Ramón Espacio, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA) durante la presentación de la jornada sobre “La sanidad penitenciaria en tiempos de pandemias”.
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, presente en la inauguración de este evento, declaró que se “está involucrando de forma decisiva” para que las transferencias a las CC.AA se lleven a cabo, pero sin querer caer “en triunfalismos”. “Este el principal desafío de la política penitenciaria porque la sanidad es un derecho esencial y fundamental”, explicó el ministro, que también aludió a los graves problemas con la falta de personal facultativo en prisiones y sus retribuciones.
Por su parte, Pilar Aparicio Azcárraga, directora General de Salud Pública, también felicitó al personal de los centros penitenciarios: “Vivimos la mayor crisis sanitaria global. Controlar la pandemia en un entorno de colectividad es más complejo”. La directora general recalcó el enorme reto que supone integrar la sanidad penitenciaria en el sistema nacional de salud y la protección del derecho a la salud de las personas reclusas en igualdad de condiciones al del resto de la ciudadanía.
Las crisis pueden ser oportunidades de cambio y mejora. A finales de los ochenta la propagación de la epidemia del VIH/sida irrumpió de forma desproporcionada en el entorno penitenciario. Sin embargo, esta crisis promovió cambios en el modelo sanitario penitenciario que hicieron que los servicios sanitarios penitenciarios españoles llegaran a ser un referente en Europa.
El presidente de CESIDA planteó si ahora también la actual crisis sanitaria penitenciaria, acrecentada por la pandemia de la COVID-19, “puede servir de catalizador de los cambios necesarios para evitar el colapso de un sistema sanitario que hace casi dos décadas que se desmorona”.
Las causas principales del hundimiento de la sanidad penitenciaria son la falta de personal sanitario y el incumplimiento de la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que daba un plazo de 18 meses para transferir a los servicios de salud autonómicos las competencias de sanidad penitenciaria, dependientes del Ministerio de Interior. La aplicación de esta disposición lleva 16 años de retraso a excepción del País Vasco y Cataluña.
“Se nos dice que son las CC.AA. las que no quieren realizar la transferencia, pero cuando hablamos con ellas nos explican que no les ofrecen suficiente dotación económica para hacerse cargo, Desde CESIDA se reclama al Ministerio del Interior y a las CCAA que está sea la legislatura en la que se culmine el proceso.”, explica el presidente de CESIDA. Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, considera que el modelo actual no tiene ningún futuro: “Fue éxito en los 90, pero ahora no tiene relevo generacional. Va a desaparecer”. Ángel Luis Ortiz González, Secretario general de Instituciones Penitenciarias, explicó que en las últimas oposiciones han salido unas 30 plazas de médicos y apenas se ha cubierto 5 de ellas: “Tenemos vacante el 32% de plazas de facultativos en prisiones”.
Basanta reclamó al gobierno que se fije un calendario de actuación cuanto antes para que se produzca la transferencia: “Con mucho respeto. Esto es el “día de la marmota” cambian las caras, cambian los puestos, pero no se hace nada. El gobierno tiene la capacidad para promover esta transferencia”.
Otros temas que se abordaron en la jornada fue el “Impacto de la Covid-19 en el entorno penitenciario”. Gerardo López, médico de los servicios de prevención y salud laboral de Instituciones Penitenciarias, explicó como se han llevado a cabo las estrategias de prevención y control de la covid19 en las prisiones. Ha habido 1969 casos, 66 hospitalizados y 8 fallecimientos, unos datos de incidencia menores que en la población general “gracias al sobreesfuerzo del personal de los centros «, explicó López. En cambio, Carlos Rodrigo, del Comité Anti-Sida de Salamanca, consideró que las medidas habían sido “muy restrictivas” pues se suspendieron los “vis a vis”, visitas y los programas de intervención: “se les ha quitado los pocos contactos y actividades que les sirven de alivio».
La salud mental fue otro de los grandes temas tratados, ya que más de un 40% de las personas en prisión tienen problemas de salud mental y hasta un 30% de tiene trastornos límite de la personalidad. El 75% de la población reclusa en España recibe medicación psiquiátrica y el gasto ha aumentado en los últimos años, según explica Javier Vilalta, director de Ambit: “En los últimos 14 meses ningún psiquiatra ha atendido a los reclusos de Picassent, uno de los más grandes en España”. En opinión de Vilalta es importante tanto la transferencia de la sanidad penitenciaria a las CC.AA, como que las personas con enfermedad mental sean atendidas fuera de la prisión.
Enrique Pérez Martínez, integrante del Grupo de psiquiatría penitenciaria (SAMPAEN) considera que las unidades de salud mental están colapsadas y no hay programas de búsqueda activa de pacientes. “Tras la excarcelación hay una alta reincidencia. Muchos de ellos, en torno al 44%, solo recibirán atención psiquiátrica si vuelven a ingresar en prisión porque fuera no se les atiende”.
