CESIDA reclama que el proyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud blinde el derecho universal a la salud evitando interpretaciones restrictivas por parte de la CCAA.
La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) ha vuelto a denunciar, como ya hizo a finales de 2021, la situación de desamparo en que se encuentran las personas migrantes en situación administrativa irregular con el VIH en la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de noviembre.
“La Comunidad de Madrid se ha resistido desde el principio a aplicar el RD7/2018 que, aunque con sus carencias, devolvía el carácter de universalidad a la sanidad pública”, explica Ramón Espacio, miembro de la ejecutiva de Cesida. “Durante estos años, desde las ONG que atienden a las personas migrantes se ha trabajado para vincularlas al sistema sanitario y en Madrid, con más dificultades que en el resto de España, se iba resolviendo”, declara Espacio. Sin embargo, la Coordinadora alerta de que, desde el pasado mes de noviembre, las entidades sociales madrileñas se están encontrando con casos donde se retira la tarjeta sanitaria sin previo aviso a personas que estaban siendo atendidas o se deniega el acceso a personas migrantes con el VIH.
Madrid ignora la excepción del Real Decreto 7/2028
Esta situación se ha agravado desde la publicación el pasado mes de noviembre de los requisitos exigidos para solicitar el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE). Reyes Velayos, presidenta de Cesida, denuncia que entre las exigencias establecidas en dicho documento se encuentra llevar al menos tres meses empadronado en Madrid; sin embargo, la Comunidad de Madrid realiza una aplicación rígida de la norma e ignora la excepción incluida en Real-Decreto 7/2018 que establece que, si los pacientes se encuentran en una situación vulnerable y con necesidad de tratamiento urgente, pueden tener acceso a la sanidad a través de un informe de los trabajadores sociales.
Además, en la Comunidad de Madrid, este proceso ya no se lleva a cabo en los centros de salud desde noviembre de 2021, momento en el que se pusieron en marcha las llamadas “Unidades de Tramitación” (UT). Actualmente, hay 7 UT para toda la Comunidad de Madrid, con una lista de espera de siete meses, un tiempo de espera demasiado largo para las personas con VIH que precisan tratamiento diario.
Hasta 9 meses sin tratamiento ni atención
“A pesar de que la apertura de estas unidades pretendía brindar una atención ágil y personalizada, los tiempos de espera para conseguir cita son superiores a siete meses en las UT y en ninguna de ellas hay trabajadores sociales, por lo que no se puede emitir el informe de vulnerabilidad o urgencia”, explica Reyes Velayos, presidenta de Cesida. “Esta situación ocasiona que muchas personas que cumplen todos los requisitos estén meses sin poder acceder ni a la atención ni tratamiento, incluso llegando a los nueves meses de espera”. La derivación desde los centros de salud a dichas Unidades de Tramitación no se efectúa hasta que el solicitante ha cumplido los tres meses de estancia lo que genera tiempos de tramitación muy largos para la obtención de la tarjeta sanitaria.
Madrid, falta de compromiso con la salud pública
CESIDA y varias de sus entidades mantuvieron una reunión en noviembre con Jesús Vázquez, Director General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En ella, el director se comprometió a realizar las gestiones para agilizar el trámite de empadronamiento y atribuyó la responsabilidad de esta situación a la legislación estatal.
“Nos parece increíble que, en un contexto en el que estamos saliendo de una crisis sanitaria global y con la llegada de refugiados ucranianos, desde la Comunidad de Madrid se empecinen en poner trabas administrativas para atender a problemas de salud pública. En las recomendaciones realizadas por el Ministerio para la implementación del RD 7/2018 se establecía la figura del informe social para dar solución a situaciones concretas como la falta de documentación, el empadronamiento o la existencia de condiciones de salud urgentes, algo que desde la Comunidad de Madrid parecen ignorar”, ha declarado Cristina Arcas, miembro de la ejecutiva de Cesida.
En otras CC. AA se dan situaciones concretas de desatención que en la mayoría de los casos se consiguen resolver desde las entidades sociales. “Pero el caso de la Comunidad de Madrid es absolutamente sangrante y siguen pasando los meses sin que se pongan soluciones”, prosigue denunciado Arcas, profesional de la enfermería, y añade: “en la actualidad desde las ONG estamos consiguiendo que se atienda a estas personas a través de los servicios de urgencias lo que implica la firma de un compromiso de pago por parte del paciente que en la mayoría de los casos es inasumible”.
Las personas con VIH: una prioridad
“Existe actualmente evidencia suficiente para afirmar que la supresión viral mantenida, con una adherencia completa al tratamiento y el seguimiento en la consulta, disminuye la transmisión del VIH a cifras despreciables y que por tanto, una de las mejores estrategias de prevención es tratar, siendo necesario asegurar el acceso a los fármacos antirretrovirales”, tal y como se recoge en el informe “Barreras y dificultades en el acceso a la atención y tratamiento de las personas migrantes y solicitantes de asilo con el VIH en España”, publicado en marzo por la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad.
“La evidencia científica demuestra que asegurar que todas las personas con el VIH, con independencia de su origen y estado administrativo, tengan acceso a atención y tratamiento, debe considerarse una prioridad para la salud pública en nuestro país”, declara Ramón Espacio, desde Cesida.
Murcia y otras CC.AA siguen el ejemplo
La Coordinadora alerta de que se están observando situaciones similares en otras CC.AA como la Comunidad de Murcia, en donde el retraso para acceder a las citas para solicitar la protección internacional, las dificultades para empadronarse o la falta de acceso en casos de personas con permiso de residencia no lucrativa o estudiantes con el VIH suponen barreras insalvables a la hora de conseguir atención médica.
Estas malas prácticas se oponen a lo aprobado el 8 de noviembre en el Consejo de Ministros en el anteproyecto de ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS (Sistema Nacional de Salud). En la consulta pública de este proyecto de ley se establece como uno de sus objetivos: “garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población actualmente no incluida”. Por ello, desde las 75 entidades que componen Cesida demanda al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios que el texto de esta ley que finalmente se apruebe incluya las aportaciones presentadas por la sociedad civil organizada a través de plataformas como REDER y “Yo si Sanidad Universal”. Entre estas aportaciones se encuentra la inclusión de situaciones de especial vulnerabilidad que deben recibir atención sanitaria con cargo a fondos públicos en cualquier caso, como son las enfermedades infecciosas que supongan un riesgo para la salud pública como el VIH.
“De esta forma se blinda el derecho a la salud, reparando las carencias del RD7/2018 y dando la seguridad jurídica necesaria para impedir interpretaciones restrictivas por parte de las CC. AA.”, concluye Velayos, presidenta de Cesida.
