Cesida, la Coordinadora estatal de VIH y sida, celebra el inicio de los trámites para una regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que viven en España, una medida largamente demandada por las organizaciones sociales y que supone un gran avance para garantizar derechos y dar seguridad jurídica a más de medio millón de personas que ya residen en el país. La regularización administrativa facilitará su acceso efectivo al sistema sanitario, permitiendo superar una situación de exclusión estructural que afecta de forma directa a su salud y bienestar.
Este proceso permitirá que miles de personas pasen de un acceso sanitario limitado a una atención sanitaria normalizada. En el contexto de la respuesta al VIH, esta medida es especialmente relevante, destacan desde Cesida. El acceso ordinario a la atención sanitaria no solo permite el diagnóstico y el tratamiento del VIH, sino también el acceso a las estrategias de prevención combinada, como las pruebas diagnósticas, la profilaxis preexposición (PrEP) o la profilaxis posexposición (PEP).
Cesida recuerda que un sistema sanitario verdaderamente universal debe atender de forma prioritaria a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentran en riesgo de adquirir el VIH. La exclusión administrativa no solo vulnera derechos, sino que debilita las estrategias de salud pública y la respuesta colectiva frente a la epidemia.
Jesús Cisneros, migrante venezolano con VIH y miembro de la ejecutiva de Cesida, pone en valor esta medida que “beneficia a todas estas personas que se han encontrado durante años trabajando en una economía sumergida y viviendo de una manera bastante precaria” y apuesta por “seguir avanzando en conseguir estas leyes, en agilizar los procesos administrativos, ya que estas personas llegan muchas veces porque su vida depende de ello, dependen de la medicación del VIH para seguir viviendo”.
La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno es, ante todo, una cuestión de derechos humanos y de dignidad, subraya la entidad. Reconoce a personas que ya viven, trabajan y forman parte de nuestra sociedad, y responde a una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria. Igualmente, este tipo de procesos no son una excepción en la historia reciente de nuestro país. Gobiernos de distinto signo político han impulsado regularizaciones extraordinarias de personas migrantes.
Las entidades de Cesida que trabajan con población migrante están ya movilizadas para facilitar al máximo la tramitación de esta regularización, ofreciendo información, acompañamiento social y apoyo jurídico a las personas potencialmente beneficiarias del proceso.
Asimismo, la Coordinadora estatal de VIH y sida considera imprescindible poner ahora el foco en los plazos y requisitos administrativos que siguen condicionando el acceso a la atención sanitaria. En particular, los tiempos asociados al empadronamiento —cuyo plazo de resolución puede alcanzar hasta tres meses— continúan siendo un factor que puede retrasar de forma significativa el acceso a la salud.
