La legitimaci\u00f3n es un concepto jur\u00eddico que se refiere a la capacidad reconocida a una persona o entidad para actuar en defensa de sus propios derechos o intereses, o de los de terceras personas o de un colectivo indeterminado de personas, en los procesos judiciales. Esta capacidad no solo garantiza que quienes se consideran afectados por una situaci\u00f3n puedan hacer valer sus derechos, sino que tambi\u00e9n promueve el acceso a la justicia al permitir que diversas entidades act\u00faen en nombre de personas o colectivos que, de otro modo, podr\u00edan no tener los recursos o la capacidad para defenderse.<\/p>\n
La Ley 15\/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminaci\u00f3n, ha introducido cambios significativos en la legitimaci\u00f3n para la defensa de los derechos en procesos judiciales. Esta ley otorga legitimaci\u00f3n a asociaciones y organizaciones legalmente constituidas para representar en procesos judiciales a las personas afectadas que est\u00e9n afiliadas, asociadas o sean usuarias de sus servicios, siempre que cuenten con su autorizaci\u00f3n expresa (art\u00edculo 29). Las asociaciones y organizaciones pueden actuar si han estado constituidas al menos dos a\u00f1os antes del proceso judicial y han ejercido de manera activa las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. Este avance ampl\u00eda el \u00e1mbito de legitimaci\u00f3n incluyendo motivos como el origen \u00e9tnico, la orientaci\u00f3n sexual, la discapacidad y el estado serol\u00f3gico.<\/p>\n
Por su parte, la Ley 4\/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garant\u00eda de los derechos de las personas LGTBI, fortalece la legitimaci\u00f3n de las asociaciones y organizaciones que defienden los derechos LGTBI, reafirmando su capacidad para actuar en diversos \u00e1mbitos judiciales y contribuir a la defensa de sus derechos e intereses.<\/p>\n
La entrada en vigor de estas dos Leyes ha supuesto la reforma del art\u00edculo 11 bis de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que ha incluido no solo la defensa de intereses individuales y colectivos, incluso tambi\u00e9n intereses difusos, sin necesidad de autorizaci\u00f3n expresa por parte de los afectados en determinados casos. Esta disposici\u00f3n establece un sistema de acci\u00f3n que permite a las asociaciones y organizaciones representar a grupos amplios y no identificados, lo que facilita la defensa de los derechos que podr\u00edan afectar a los afiliados, asociados o usuarios. Adem\u00e1s, se ha a\u00f1adido el art\u00edculo 11 ter sobre legitimaci\u00f3n para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de orientaci\u00f3n e identidad sexual, expresi\u00f3n de g\u00e9nero o caracter\u00edsticas sexuales.<\/p>\n
En el \u00e1mbito contencioso-administrativo, la reforma del art\u00edculo 19.1.i) de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa, tambi\u00e9n ha supuesto el reconocimiento de la legitimaci\u00f3n a las asociaciones. Sin embargo, en el \u00e1mbito social, la Ley 36\/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci\u00f3n social no ha sido modificada, a pesar de que la Ley 15\/2022 tambi\u00e9n indica que esa ampliaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n tambi\u00e9n se aplica a procesos judiciales del \u00e1mbito social, aunque con mayores limitaciones que otras jurisdicciones.<\/p>\n
El objetivo com\u00fan de estas reformas es facilitar el acceso a la justicia para personas que, por diversas razones, como el elevado coste econ\u00f3mico y la carga emocional que implica iniciar un proceso judicial, se ver\u00edan desalentadas a actuar. La legitimaci\u00f3n de las asociaciones y organizaciones permite su intervenci\u00f3n en los procesos judiciales defendiendo intereses de terceras personas. Este enfoque tambi\u00e9n permite la acumulaci\u00f3n de reclamaciones individuales en un \u00fanico proceso, lo que incrementa la eficiencia en la defensa de derechos.<\/p>\n
Las asociaciones y organizaciones pueden ejercer su nueva capacidad legal contratando a un profesional del derecho especializado o mediante sus propios servicios jur\u00eddicos. Sin embargo, si no disponen de recursos para contratar un\/a abogado\/a o carecen de servicios jur\u00eddicos, tienen derecho a la defensa y a la asistencia letrada (art\u00edculo 24.1 de la Constituci\u00f3n), lo que incluye el acceso a asistencia jur\u00eddica gratuita (art\u00edculo 119 de la Constituci\u00f3n). La Ley 1\/1996, de 10 de enero, de asistencia jur\u00eddica gratuita, reconoce este derecho a las asociaciones y organizaciones de utilidad p\u00fablica que demuestren insuficiencia de recursos para litigar, considerando insuficiente aquella situaci\u00f3n en la que el resultado contable anual es inferior al triple del indicador p\u00fablico de renta de efectos m\u00faltiples (IPREM).<\/p>\n