El ingreso en un establecimiento penitenciario, como detenido o preso, puede ser uno de los momentos m\u00e1s traum\u00e1ticos para la vida de una persona pues se le va a privar de uno de los derechos fundamentales m\u00e1s b\u00e1sicos, como es la libertad personal o libertad de movimiento (art. 17 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola). No obstante, siguen intactos el resto de los derechos civiles, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, sociales y culturales cuando sean compatibles con el objeto de su detenci\u00f3n o el cumplimiento de la condena (art. 4 del Real Decreto 190\/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario [en adelante RP]).<\/p>\n
Uno de los principales derechos sociales es el derecho a la protecci\u00f3n de salud, tambi\u00e9n denominado en la legislaci\u00f3n b\u00e1sica como derecho a la asistencia sanitaria, que se reconoce en el art\u00edculo 43.1 de la Constituci\u00f3n.
\nLa protecci\u00f3n de la salud y la asistencia sanitaria que se procura en los establecimientos penitenciarios estar\u00e1 orientada hacia la prevenci\u00f3n, curaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de la persona, prestando especial atenci\u00f3n a las enfermedades transmisibles (art. 207 del RP), y se debe garantizar en condiciones equivalentes a la poblaci\u00f3n general (principio de equivalencia), incluy\u00e9ndose la prestaci\u00f3n farmac\u00e9utica (art. 208 del RP). Esto supone que aquellas personas que est\u00e9n detenidas o presas tienen derecho a recibir el tratamiento antirretroviral durante el tiempo que est\u00e9n en prisi\u00f3n.<\/p>\n
Todas las personas que ingresen en un establecimiento penitenciario deber\u00e1n pasar un examen m\u00e9dico inicial, que se realizar\u00e1 durante las primeras 24 horas a partir del ingreso en el establecimiento penitenciario (art. 214 del RP). Este examen inicial no s\u00f3lo permite detectar casos de malos tratos sino tambi\u00e9n prevenir, detectar y tratar otros problemas de salud que puedan afectar a las personas, como es la infecci\u00f3n por el VIH.
\nSi nos atenemos a los datos sobre los diagn\u00f3sticos tard\u00edos en Espa\u00f1a, la prevalencia de la infecci\u00f3n por VIH en las c\u00e1rceles, la seguridad y eficacia de los tratamientos antirretrovirales y el acceso garantizado, la inclusi\u00f3n de la prueba de detecci\u00f3n del VIH en el examen m\u00e9dico inicial est\u00e1 m\u00e1s que justificada. Es muy probable que, una vez que hayan sido informadas, la inmensa mayor\u00eda de las personas a las que se le ofrezca la realizaci\u00f3n de la prueba, la acepten; lo cual es sumamente importante en el caso de las mujeres que puedan estar embarazadas y desconozcan su estado serol\u00f3gico respecto al VIH.<\/p>\n
No obstante, puede haber casos tanto en hombres como en mujeres que rechacen la realizaci\u00f3n de la prueba. Pues bien, seg\u00fan directrices de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, de ONUSIDA y del Comit\u00e9 Europeo de Prevenci\u00f3n de la Tortura, no se debe perder la voluntariedad de la prueba de detecci\u00f3n del VIH. Ya se adopte un sistema opt-in o un sistema opt-out, antes de realizar la prueba, se debe informar y recabar el consentimiento, ya sea expl\u00edcito o impl\u00edcito.<\/p>\n
En todo caso, la prueba de detecci\u00f3n del VIH no debe ofrecerse \u00fanicamente en el examen m\u00e9dico inicial sino que tambi\u00e9n debe ofrecerse en los subsiguientes ex\u00e1menes m\u00e9dicos que se practiquen, especialmente si se presentan signos o s\u00edntomas que puedan indicar infecci\u00f3n por el VIH, e igualmente debe darse a conocer en los programas de prevenci\u00f3n de enfermedades de transmisi\u00f3n sexual, de la tuberculosis o de las hepatitis virales. Debe prestarse especial atenci\u00f3n a las mujeres en edad f\u00e9rtil, que est\u00e9n embarazadas o lactantes para prevenir la transmisi\u00f3n vertical. Y, por \u00faltimo, debe garantizarse la accesibilidad cognitiva para permitir la f\u00e1cil comprensi\u00f3n, la comunicaci\u00f3n e interacci\u00f3n a todas las personas.<\/p>\n
Si se diera un resultado positivo, el art. 210 del RP se\u00f1ala que s\u00f3lo se podr\u00e1 iniciar un tratamiento m\u00e9dico si se ha obtenido el consentimiento y s\u00f3lo se podr\u00e1 prescindir del mismo cuando suponga un peligro evidente para la salud o la vida de terceras personas. Dado que en toda la asistencia sanitaria rige el principio de equivalencia, esto es, la medida adoptada deber\u00eda poder ser aplicable a la poblaci\u00f3n en su conjunto, si nos atenemos a lo dispuesto en la Ley 41\/2002, de 14 de noviembre, b\u00e1sica reguladora de la autonom\u00eda del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica, no cabr\u00eda decretar un tratamiento involuntario pues cabr\u00edan medidas menos invasivas en la libertad de elecci\u00f3n de la persona con el VIH para conseguir el mismo objetivo de protecci\u00f3n de la salud o la vida de terceras personas. En ning\u00fan caso cabr\u00eda la segregaci\u00f3n de ninguna persona con una serolog\u00eda positiva para el VIH, est\u00e9 o no est\u00e9 recibiendo tratamiento antirretroviral.<\/p>\n
Por \u00faltimo, es interesante resaltar que si la persona que ha ingresado en un centro penitenciario cumple con los requisitos para acceder a la PrEP, se le debe garantizar el acceso. Dado que el art\u00edculo 45 del RP reconoce el derecho a tener comunicaciones \u00edntimas (vis a vis) como m\u00ednimo 1 vez al mes, el acceso a la profilaxis que previene la infecci\u00f3n por el VIH est\u00e1 m\u00e1s que justificada. Si se denegase el acceso a la PrEP, s\u00f3lo ser\u00eda leg\u00edtimo bajo circunstancias claras y estrictamente excepcionales aplicables a la poblaci\u00f3n general.<\/p>\n