A pesar de los avances cient\u00edficos y la normativa actual, las personas con VIH siguen luchando contra el estigma, la desinformaci\u00f3n y la discriminaci\u00f3n que, en ocasiones, desembocan en conductas que incitan el odio y la violencia. El C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol tipifica estas conductas como \u201cdelitos de odio\u201d y establece, en determinadas situaciones, l\u00edmites al ejercicio del derecho a la libertad de expresi\u00f3n con objeto de proteger la dignidad, la seguridad y otros derechos fundamentales de las personas o grupos que puedan ser objeto de discriminaci\u00f3n, odio o violencia.<\/p>\n
En el marco de los delitos cometidos con ocasi\u00f3n del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades p\u00fablicas garantizados por la Constituci\u00f3n, los denominados delitos de odio, regulados en el art\u00edculo 510 del C\u00f3digo Penal, se refieren conductas que fomentan, promueven o incitan, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminaci\u00f3n o violencia contra determinados grupos o personas por raz\u00f3n de, entre otros, su ideolog\u00eda, orientaci\u00f3n sexual, enfermedad o discapacidad.<\/p>\n
As\u00ed, se distinguen tres tipos delictivos dependiendo de la conducta concreta:<\/p>\n
La principal controversia a la hora de valorar la existencia de un delito de odio es la limitaci\u00f3n que implica del derecho fundamental a la libertad de expresi\u00f3n (art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola). En concreto, se reconoce y protege el derecho a \u00abexpresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci\u00f3n [\u2026]\u00bb. La libertad de expresi\u00f3n es fundamental para una sociedad democr\u00e1tica, ya que sin comunicaci\u00f3n p\u00fablica libre quedar\u00edan vaciados de contenido real otros derechos consagrados en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Por ello, en caso de conflicto deber\u00eda prevalecer frente a otros derechos, aunque esto no significa que sea un derecho absoluto, sino que cualquier restricci\u00f3n debe ser m\u00ednima y superar un estricto test de proporcionalidad. En definitiva, deber\u00e1 determinarse en cada caso concreto cu\u00e1ndo un discurso cruza los l\u00edmites del derecho a la libertad de expresi\u00f3n y se convierte en incitaci\u00f3n al odio sin que implique una censura o una restricci\u00f3n desproporcionada del derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
La ponderaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de los delitos de odio es compleja, ya que una limitaci\u00f3n de un derecho fundamental solo puede justificarse en la puesta en peligro o en la lesi\u00f3n de otro bien o valor constitucional. Ante la complejidad de establecer pautas objetivas para ponderar adecuadamente el discurso de odio y sus manifestaciones, podemos extraer de la jurisprudencia determinados criterios de interpretaci\u00f3n a la hora de analizar si nos encontramos ante un posible delito de odio o una conducta amparada en el derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
Para que los hechos sean constitutivos de un delito de odio debe existir lo que se denomina conducta t\u00edpica y se debe generar un riesgo real y efectivo. La jurisprudencia ha indicado que esa conducta t\u00edpica es la de \u00abfomentar, promover o incitar, o producir\u00bb y que, adem\u00e1s, trat\u00e1ndose de conductas que se dirigen a terceros, debe acreditarse su idoneidad para repercutir sobre estos, por lo que \u00abno todo ejercicio extralimitado del derecho a la libertad de expresi\u00f3n ni la existencia de un sentimiento de odio convierten sin m\u00e1s la conducta enjuiciada en un il\u00edcito penal\u00bb (STC 35\/2020). As\u00ed, no se requiere una situaci\u00f3n concreta de peligro pero s\u00ed una aptitud para la generaci\u00f3n de la situaci\u00f3n de peligro que sea tenida por seria, por lo que se trata de un delito de peligro (STS 72\/2018, de 9 de febrero, y STS 646\/2018, de 14 de diciembre).<\/p>\n
Por regla general, la mera difusi\u00f3n de ideas, aunque sean racistas o xen\u00f3fobas, por s\u00ed sola, no constituye delito, sino que es esencial distinguir una difusi\u00f3n de ideas de la ejecuci\u00f3n de conductas expresivas lesivas de derechos e intereses de terceros (Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona n\u00fam. 892\/2016, de 29 de noviembre y Auto de la Audiencia Provincial de Murcia n\u00fam. 736\/2017, de 8 de septiembre).<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, aunque no se precisa que la incitaci\u00f3n se refiera directa o indirectamente a hechos delictivos, la conducta s\u00ed debe ser id\u00f3nea o apta para generar una situaci\u00f3n de peligro seria, un riesgo real y efectivo de producci\u00f3n de conductas ajenas de discriminaci\u00f3n, odio, violencia u hostilidad. En el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol el uso del Derecho Penal est\u00e1 configurado como ultima ratio, es decir, su aplicaci\u00f3n e intervenci\u00f3n debe reservarse a los casos m\u00e1s graves, en este caso, aquellas actuaciones que supongan una incitaci\u00f3n real y efectiva a la violencia.<\/p>\n