Seg\u00fan el informe Vigilancia Epidemiol\u00f3gica del VIH y Sida en Espa\u00f1a 2021, el 49,8% de los diagn\u00f3sticos de VIH fueron tard\u00edos. Se define diagn\u00f3stico tard\u00edo cuando la cifra de CD4 es inferior a 350 en la primera determinaci\u00f3n tras el diagn\u00f3stico de la infecci\u00f3n por el VIH. El diagn\u00f3stico tard\u00edo afecta tanto a la salud individual, pues incrementa la mortalidad y la morbilidad de las personas con el VIH, como a la salud p\u00fablica, al incrementar el riesgo de transmisi\u00f3n a terceras personas, ya que se retrasa la posible consecuci\u00f3n de la indetectabilidad de la carga viral.<\/p>\n
La reducci\u00f3n de los diagn\u00f3sticos tard\u00edos debe lograrse respetando los derechos de las personas a las que se va a hacer la prueba diagn\u00f3stica. La convergencia entre el objetivo de salud p\u00fablica y el respeto a los derechos de las personas pasar\u00eda por la consecuci\u00f3n del objetivo de salud p\u00fablica con la medida id\u00f3nea menos invasiva en los derechos. Entendemos como medida id\u00f3nea aquella que de manera efectiva puede alcanzar el objetivo de salud p\u00fablica; y entendemos como medida menos invasiva aquella que supone no utilizar medios m\u00e1s restrictivos de lo que sea necesario para lograr el objetivo de salud p\u00fablica. Debemos ser conscientes de que el diagn\u00f3stico tard\u00edo no se produce \u00fanicamente por c\u00f3mo se obtiene el consentimiento informado sino que debemos conocer mejor qui\u00e9nes son esas personas que son diagnosticadas tard\u00edamente: \u00bfson migrantes sin acceso al sistema p\u00fablico de salud?; \u00bfqu\u00e9 otras barreras institucionales, normativas o actitudinales afectan al diagn\u00f3stico tard\u00edo?<\/p>\n
Al inicio de la epidemia, predominaba el excepcionalismo de la prueba del VIH, que exige (1) realizar counselling previo y posterior a la prueba y (2) obtener un consentimiento informado expl\u00edcito por escrito. Este excepcionalismo se justificaba como una necesidad de proteger los derechos de las personas afectadas ante la falta de tratamiento y por la rampante discriminaci\u00f3n.<\/p>\n
En 1987, la OMS afirm\u00f3 que la prueba de anticuerpos del VIH no pod\u00eda equipararse a las otras pruebas diagn\u00f3sticas y en 1992 destac\u00f3 que hacer la prueba del VIH sin consentimiento no era \u00e9ticamente aceptable. La historia del VIH cambia con la aparici\u00f3n del tratamiento antirretroviral. Este avance obliga a que debamos replantear la respuesta normativa sobre la prueba diagn\u00f3stica del VIH pues la condici\u00f3n de salud ya tiene un tratamiento farmacol\u00f3gico que, con el tiempo, se ha conseguido que sea seguro y eficaz. En este contexto empez\u00f3 a proponerse el aumento del n\u00famero de pruebas diagn\u00f3sticas para que las personas pudieran beneficiarse de los avances terap\u00e9uticos pero sin abandonar la centralidad del consentimiento informado.<\/p>\n
La normalizaci\u00f3n de la prueba no significa que no se proporcione informaci\u00f3n suficiente en formatos que aseguren la accesibilidad cognitiva; tampoco significa que no se obtenga alg\u00fan tipo de manifestaci\u00f3n del consentimiento; ni tampoco significa que no pueda rechazarse la realizaci\u00f3n de la prueba (sistema opt-out). El c\u00f3mo articulemos la informaci\u00f3n, el tipo de consentimiento y el rechazo de la prueba crear\u00e1n el espacio donde habr\u00e1 que discutir cu\u00e1l de entre las medidas id\u00f3neas para reducir los diagn\u00f3sticos tard\u00edos es la menos invasiva en los derechos.<\/p>\n
En Espa\u00f1a, la normalizaci\u00f3n de la prueba diagn\u00f3stica del VIH mediante un sistema opt-out est\u00e1 permitida pues la legislaci\u00f3n vigente no exige que la informaci\u00f3n o el consentimiento sean por escrito al no tratarse de una intervenci\u00f3n quir\u00fargica, un procedimiento diagn\u00f3stico o terap\u00e9utico invasor o, en general, un procedimiento que supone riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusi\u00f3n negativa sobre la salud del paciente; tanto informaci\u00f3n como consentimiento pueden ser orales dejando constancia en la historia cl\u00ednica (Ley 41\/2002, arts. 4 y 8). Por otro lado, el sistema opt-out ya est\u00e1 incluido en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola sobre trasplantes de \u00f3rganos. Por otro lado, si la prueba del VIH se realiza sin consentimiento informado, se vulneran (1) el derecho a la integridad f\u00edsica (STC 37\/2011, FJ 7) y (2) el derecho a la intimidad personal, especialmente si la prueba aporta \u201cdatos sensibles que pueden provocar un juicio de reproche o desvalorizaci\u00f3n ante la comunidad\u201d (STC 196\/2004, FJ 9), produciendo (3) da\u00f1os morales indemnizables (60.000\u20ac) (STSJ CAT 12721\/2012).<\/p>\n