En septiembre de 2021 entr\u00f3 en vigor la reforma del C\u00f3digo Civil que regulaba la capacidad jur\u00eddica y la capacidad de obrar de las personas con discapacidad. Con esta reforma desaparece la incapacitaci\u00f3n judicial, con el objetivo de defender los derechos de las personas con discapacidad y promover que tomen sus propias decisiones, con los apoyos necesarios para ello, adecuando el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol a la Convenci\u00f3n de Derechos de las Personas con Discapacidad.<\/p>\n
La reforma efectuada por la Ley 8\/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislaci\u00f3n civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jur\u00eddica, implica un cambio de sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad quien, como regla general, ser\u00e1 la encargada de tomar sus propias decisiones. Es importante reiterar que, en todo momento, la base es que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos y obligaciones que las dem\u00e1s. Por lo tanto, todas las actuaciones ser\u00e1n tomadas escuchando su voluntad y fomentando el desarrollo para que necesite cada vez menos de la asistencia. En este sentido, desaparecen la tutela, la patria potestad prorrogada o rehabilitada y la prodigalidad, y se incorporan la guarda de hecho y la curatela con el fin de promover la toma de decisiones voluntaria de las personas y, solo en casos excepcionales, se aplicar\u00eda la curatela representativa.<\/p>\n
Esta reforma es especialmente importante para todas aquellas personas con el VIH que en el pasado hubieran sido incapacitadas legalmente.<\/p>\n
Las nuevas medidas de apoyo son las siguientes:<\/p>\n
La curatela:<\/strong> sustituye a la tutela y su fin es proteger los derechos e intereses de la persona que necesita apoyo, en concreto: asistencia, apoyo, ayuda en el ejercicio de la capacidad jur\u00eddica. La curatela ser\u00e1, por regla general, de naturaleza asistencial. No obstante, en determinados casos excepcionales, podr\u00e1 atribuirse al curador funciones representativas. En este sentido, podr\u00e1n ser curadores: los mayores de edad aptos para la funci\u00f3n seg\u00fan la autoridad judicial y las fundaciones y organismos sin \u00e1nimo de lucro con fines de asistencia a las personas con discapacidad.<\/p>\n El defensor judicial:<\/strong> especialmente prevista para cierto tipo de situaciones, como aquella en que exista conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad, o aquella en que exista imposibilidad de que la figura de apoyo habitual lo ejerza.<\/p>\n El guardador de hecho:<\/strong> ha mantenido la figura del guardador de hecho, que es quien, sin nombramiento judicial que le habilite para ello, cuida de la persona con discapacidad.<\/p>\n Es importante saber que podr\u00e1 beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si ha obtenido un grado de discapacidad igual o superior al 33% legalmente previsto, es decir, a pesar de que no haya obtenido el reconocimiento administrativo para ser considerada persona con discapacidad.<\/p>\n Est\u00e1n facultados para solicitar medidas de apoyo a las personas con discapacidad: los c\u00f3nyuges que no est\u00e9n separados; los ascendientes; los descendientes; los hermanos; la persona afectada y el Ministerio Fiscal cuando corresponda por no existir o por no actuar las otras figuras mencionadas.<\/p>\n La facultad para resolver este procedimiento es del Juez de Primera Instancia donde resida la persona con discapacidad. La presentaci\u00f3n de la solicitud debe estar acompa\u00f1ada de toda la documentaci\u00f3n necesaria para justificar el pedido de medidas de apoyo. Para iniciar este procedimiento es recomendable contar con la asistencia de un\/a abogado\/a durante todo el procedimiento.<\/p>\nLa solicitud de medidas de apoyo<\/h3>\n