En este folleto expondremos c\u00f3mo afecta a las personas con el VIH, la diferencia que existe entre la incapacidad y la discapacidad, con el fin de despejar las dudas que existen sobre ambos conceptos, as\u00ed como su configuraci\u00f3n en el ordenamiento jur\u00eddico actual. Las personas con el VIH no tienen reconocido autom\u00e1ticamente, por el mero diagn\u00f3stico, ni un grado de discapacidad ni un grado de incapacidad laboral.<\/p>\n
Esta incapacidad hace referencia a la capacidad laboral. Se basa en una alteraci\u00f3n continuada de la salud que imposibilita o limita la realizaci\u00f3n de una actividad profesional, es decir, la enfermedad (o enfermedades) debe tener una relaci\u00f3n directa con el desempe\u00f1o de una profesi\u00f3n e impedir el desarrollo adecuado de la prestaci\u00f3n laboral. Por tanto, el reconocimiento de la incapacidad laboral vendr\u00e1 determinado por las concretas repercusiones funcionales derivadas de la enfermedad en el trabajo. Son beneficiarios de las prestaciones contributivas por incapacidad permanente los trabajadores y las trabajadoras afiliados\/as y en alta a la Seguridad Social.<\/p>\n
Hay distintos tipos de incapacidad permanente: Parcial, supone la disminuci\u00f3n de al menos el 33% de la capacidad para la profesi\u00f3n habitual, sin impedir las tareas fundamentales de \u00e9sta; Total, incapacidad para todas o las fundamentales tareas de la profesi\u00f3n habitual, siempre que pueda desempe\u00f1ar otra distinta; Absoluta, incapacita para toda profesi\u00f3n u oficio; Gran invalidez, exige la asistencia de una persona para los actos m\u00e1s esenciales de la vida.<\/p>\n
La definici\u00f3n de discapacidad aparece recogida en el art\u00edculo 2.a de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad: \u00abes una situaci\u00f3n que resulta de la interacci\u00f3n entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participaci\u00f3n plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s\u00bb.<\/p>\n
Hay distintos grados de discapacidad: Limitaciones de la autonom\u00eda nulas: aunque la persona presenta una discapacidad, esta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificaci\u00f3n de esta clase es del 0%; Limitaciones de la autonom\u00eda leves: existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de discapacidad est\u00e1 entre el 1% y el 24%; Limitaciones de la autonom\u00eda moderadas: hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a s\u00ed misma. El grado de discapacidad est\u00e1 comprendido entre un 25% y un 49%; Limitaciones de la autonom\u00eda graves: existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de discapacidad que oscila entre un 50% y un 70%; Limitaciones de la autonom\u00eda muy graves: es el grado m\u00e1s severo. Las personas afectadas no pueden realizar por s\u00ed mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de discapacidad es del 75%. Legalmente se reconoce a una persona como \u2018persona con discapacidad\u2019 cuando llega al 33%.<\/p>\n
Pues bien, el grado de discapacidad no tiene vinculaci\u00f3n directa con el trabajo, porque solo tiene en cuenta la situaci\u00f3n personal y las posibilidades de desarrollo social. Los beneficios que se obtienen son de car\u00e1cter transversal y no tienen relaci\u00f3n directa y exclusiva con el trabajo. Adem\u00e1s, los beneficios econ\u00f3micos que se pueden percibir por ser persona con discapacidad est\u00e1n destinados a aquellas personas con un alto porcentaje (igual o superior al 65%). Por el contrario, cuando se habla de incapacidad, se hace referencia a una alteraci\u00f3n continuada de la salud que imposibilita o limita la realizaci\u00f3n de una actividad profesional. Por ello, la discapacidad no influye en la concesi\u00f3n de la incapacidad laboral.<\/p>\n
A este respecto, queremos se\u00f1alar y poner el foco en el art\u00edculo 4.2 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues, en este aspecto se indica: \u00abAdem\u00e1s de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerar\u00e1 que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensi\u00f3n de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad\u00bb.<\/p>\n
Esa regla es pol\u00e9mica porque la Sentencia del Tribunal Supremo n\u00fam. 992\/2018 de 29 de noviembre, ha apreciado que ese art\u00edculo contiene una regulaci\u00f3n ultra vires (m\u00e1s all\u00e1 de la delegaci\u00f3n legislativa concedida), y que el reconocimiento de una incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, no equivale autom\u00e1ticamente a la condici\u00f3n de discapacidad del 33%. Por lo que, habr\u00e1 que valorar el grado de discapacidad en cada caso concreto, no teniendo un efecto autom\u00e1tico en su reconocimiento el tener reconocido un grado de incapacidad permanente total para el trabajo, pues, como hemos indicado, son cuestiones distintas.<\/p>\n