Las t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n humana asistida se regulan de forma general en la Ley 14\/2006. Su objetivo es solucionar los problemas de infertilidad y evitar la aparici\u00f3n o transmisi\u00f3n de enfermedades que carecen de tratamiento curativo una vez que se produce el nacimiento. Las TRHA que, seg\u00fan el Anexo de la Ley 14\/2006, est\u00e1n acreditadas cient\u00edficamente e indicadas cl\u00ednicamente son la inseminaci\u00f3n artificial; la fecundaci\u00f3n in vitro e inyecci\u00f3n intracitoplasm\u00e1tica de espermatozoides con gametos propios o de donante y con transferencia de preembriones; y la transferencia intratub\u00e1rica de gametos.<\/p>\n
La Ley 14\/2006 se\u00f1ala una serie de condiciones de car\u00e1cter personal que son requisitos para su realizaci\u00f3n. Las primeras est\u00e1n en el art\u00edculo 3 cuando se\u00f1ala que las TRHA solo se realizar\u00e1n (a) cuando haya posibilidades razonables de \u00e9xito; (b) cuando no supongan riesgo grave para la salud, f\u00edsica o ps\u00edquica, de la mujer o la posible descendencia y (c) previa aceptaci\u00f3n libre y consciente e informada.<\/p>\n
El art\u00edculo 5.6 de la Ley 14\/2006 se\u00f1ala que las personas donantes deber\u00e1n ser mayores de edad, tener un buen estado de salud psicof\u00edsica y plena capacidad de obrar. Respecto al estado de salud psicof\u00edsica se exige que, seg\u00fan el estado de los conocimientos de la ciencia y de la t\u00e9cnica existentes en el momento de su realizaci\u00f3n, se determine anal\u00edticamente que las personas que donen no tienen enfermedades gen\u00e9ticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia.<\/p>\n
Por otra parte, el art\u00edculo 6.1 se\u00f1ala que podr\u00e1 ser receptora toda mujer mayor de edad con plena capacidad de obrar que haya aceptado ser receptora o usuaria de alguna de las t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n humana asistida, con independencia de su estado civil, orientaci\u00f3n sexual o discapacidad.<\/p>\n
S\u00ed. Aunque la Ley exija que el donante deba tener un buen estado de salud psicof\u00edsica, lo cual significa que anal\u00edticamente debe demostrarse que no tiene ninguna enfermedad infecciosa que sea transmisible a la descendencia, esto no es un obst\u00e1culo insalvable para los hombres con el VIH debido a que el estado de los conocimientos de la ciencia y de la t\u00e9cnica existentes han hecho posible afirmar que el espermatozoide no es veh\u00edculo transmisor del VIH y s\u00ed lo es el semen. De esta forma, mediante la t\u00e9cnica del lavado de semen es posible separar el plasma seminal de los espermatozoides, que est\u00e1n libres de virus, lo cual puede comprobarse con una prueba PCR negativa.<\/p>\n
S\u00ed. El hecho de tener el VIH no impide el acceso a estas t\u00e9cnicas ya que la medicina basada en la evidencia y los conocimientos de la ciencia y de la t\u00e9cnica existentes demuestran que la transmisi\u00f3n vertical de la madre al hijo\/a puede prevenirse con la administraci\u00f3n durante el embarazo del tratamiento antirretroviral.<\/p>\n
As\u00ed pues, cualquier persona con el VIH tiene reconocido legalmente el derecho a acceder a las TRHA, siempre que tengan un diagn\u00f3stico de infertilidad o exista una indicaci\u00f3n cl\u00ednica.<\/p>\n
S\u00ed, las t\u00e9cnicas incluidas en la mencionada Ley forman parte de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios comunes de atenci\u00f3n especializada del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, si una persona tiene el VIH y problemas de fertilidad, se debe acudir al m\u00e9dico a solicitar informaci\u00f3n sobre la reproducci\u00f3n asistida. Si el\/la profesional muestra reticencias a proporcionar esta ayuda por tener el VIH, se debe denunciar la situaci\u00f3n, pues las personas con el VIH son tan titulares de este derecho como aquellas que no tienen el VIH.<\/p>\n
La denegaci\u00f3n de acceso a uno de los servicios incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud supone, en primer lugar, que la persona con VIH pueda impugnar la decisi\u00f3n ante los \u00f3rganos administrativos correspondientes y, en segundo lugar, ante los \u00f3rganos judiciales en el orden contencioso-administrativo si la decisi\u00f3n de denegaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n proviene de un organismo de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
A ello debemos a\u00f1adir que el art\u00edculo 15 de la Ley 15\/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminaci\u00f3n, exige a las administraciones sanitarias, en el \u00e1mbito de sus competencias, que garanticen la ausencia de cualquier forma de discriminaci\u00f3n en el acceso a los servicios y en las prestaciones sanitarias por raz\u00f3n del estado serol\u00f3gico y proh\u00edbe la exclusi\u00f3n de un tratamiento sanitario o protocolo de actuaci\u00f3n sanitaria por la concurrencia de enfermedades preexistentes o intercurrentes, salvo que razones m\u00e9dicas debidamente acreditadas as\u00ed lo justifiquen.<\/p>\n
Adem\u00e1s de ello, la Ley 15\/2022 exige que las administraciones sanitarias promuevan acciones destinadas a aquellos grupos de poblaci\u00f3n que presenten necesidades sanitarias espec\u00edficas, tales como las personas que padezcan enfermedades mentales, cr\u00f3nicas, raras, degenerativas o en fase terminal, s\u00edndromes incapacitantes, o portadoras de virus con el fin de asegurar un efectivo acceso y disfrute de los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades, con especial \u00e9nfasis en las necesidades en materia de salud espec\u00edficas de las mujeres, como la salud sexual y reproductiva, entre otras.<\/p>\n