El art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola establece que los poderes p\u00fablicos garantizar\u00e1n la defensa de los consumidores y usuarios. El desarrollo de este principio lo encontramos en el Real Decreto Legislativo 1\/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Ley de Consumidores y Usuarios), que establece, entre otros, los derechos b\u00e1sicos de los consumidores.<\/p>\n
El art\u00edculo 3 de la Ley de Consumidores y Usuarios establece el concepto de consumidor y usuario, entendi\u00e9ndose por tales \u201clas personas f\u00edsicas que act\u00faen con un prop\u00f3sito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesi\u00f3n\u201d. En general, se entiende por consumidor aquella persona f\u00edsica que adquiere bienes o usa servicios para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus necesidades, personales o familiares.<\/p>\n
El mismo precepto establece que tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de personas consumidoras vulnerables \u201caquellas personas f\u00edsicas que, de forma individual o colectiva, por sus caracter\u00edsticas, necesidades o circunstancias personales, econ\u00f3micas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n, indefensi\u00f3n o desprotecci\u00f3n que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad\u201d.<\/p>\n
En el art\u00edculo 8 de la Ley de Consumidores y Usuarios se establece los derechos b\u00e1sicos que tienen las personas consumidoras vulnerables, entre los que se encuentra la protecci\u00f3n contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad, la protecci\u00f3n de sus leg\u00edtimos intereses econ\u00f3micos y sociales; en particular frente a las pr\u00e1cticas comerciales desleales y la inclusi\u00f3n de cl\u00e1usulas abusivas en los contratos, y la protecci\u00f3n de sus derechos mediante procedimientos eficaces.<\/p>\n
As\u00ed mismo, establece el mencionado art\u00edculo que los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozar\u00e1n de una especial atenci\u00f3n, que ser\u00e1 recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de aplicaci\u00f3n en cada caso. Los poderes p\u00fablicos promocionar\u00e1n pol\u00edticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situaci\u00f3n de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, tr\u00e1mites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos.<\/p>\n
Conviene resaltar la previsi\u00f3n de la Disposici\u00f3n Adicional \u00danica de la Ley de Consumidores y Usuarios, que establece que ser\u00e1n nulas aquellas cl\u00e1usulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por tener el VIH\/Sida u otras condiciones de salud. En este sentido, tambi\u00e9n ser\u00e1 nula la renuncia a lo estipulado en esta disposici\u00f3n por la parte que tenga el VIH\/Sida u otras condiciones de salud.<\/p>\n
Por \u00faltimo, cabe mencionar lo dispuesto en la reciente Ley 15\/2022 de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminaci\u00f3n, que establece la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n en el acceso a los bienes y servicios ofrecidos al p\u00fablico en el marco de una actividad comercial o profesional (art\u00edculo 17).<\/p>\n
Es recomendable que la persona consumidora se ponga en contacto con el empresario para tratar de resolver el conflicto a trav\u00e9s de la hoja de reclamaciones del propio establecimiento, o mediante un burofax. En caso de que no logren ponerse de acuerdo, o el empresario no conteste a su comunicaci\u00f3n, puede presentar la correspondiente hoja o formulario de reclamaci\u00f3n ante la Oficina Municipal de Informaci\u00f3n al Consumidor (OMIC) de su localidad o en la Direcci\u00f3n General de Comercio y Consumo de su Comunidad Aut\u00f3noma, que consiste en una comunicaci\u00f3n que el consumidor dirige a la administraci\u00f3n competente cuando se presenta un conflicto o desacuerdo con la empresa o profesional que ha vendido un producto o prestado un servicio, poniendo de manifiesto los hechos y solicitando una soluci\u00f3n y\/o compensaci\u00f3n. Para presentar dicha comunicaci\u00f3n no es necesaria la asistencia de un\/a abogado\/a.<\/p>\n
Por otra parte, la persona consumidora podr\u00eda exigir responsabilidad civil por los posibles da\u00f1os morales causados. En este sentido, la responsabilidad civil, que puede ser contractual o extracontractual, es la obligaci\u00f3n de responder de forma dineraria por los da\u00f1os y perjuicios producidos a un tercero. En la actualidad, predomina la idea del da\u00f1o moral representado por el impacto o sufrimiento ps\u00edquico o espiritual que en la persona pueden producirse. Por ejemplo, los supuestos en los que se deniega el acceso a un servicio o la obligaci\u00f3n de afrontar un sobrecoste por raz\u00f3n del VIH constituyen actos discriminatorios que ocasionan da\u00f1os morales.<\/p>\n
Por \u00faltimo, en caso de discriminaci\u00f3n en el acceso a un servicio o prestaci\u00f3n, podr\u00eda resultar de aplicaci\u00f3n los delitos tipificados en los art\u00edculos 511 y 512 del C\u00f3digo Penal, que consideran delito que un empresario o profesional deniegue a alguien una prestaci\u00f3n, en el \u00e1mbito p\u00fablico o privado respectivamente, por motivaciones discriminatorias.<\/p>\n