El VIH no es un virus que se pueda comunicar a terceras personas a trav\u00e9s de aerosoles o del contacto con objetos o superficies contaminadas por lo que no deber\u00eda ser considerado como una enfermedad infectocontagiosa. Dicha calificaci\u00f3n implica que las personas con VIH no puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de personas.<\/p>\n
La consideraci\u00f3n del VIH como una enfermedad infectocontagiosa supone que las personas con VIH van a ser destinatarias de un ingente n\u00famero de normas jur\u00eddicas vigentes en el Derecho espa\u00f1ol que excluyen a las personas que tienen una enfermedad de ese tipo de poder disfrutar de un derecho o de tener acceso a un bien o servicio. As\u00ed, por ejemplo, la posibilidad de trabajar como taxista en algunas ciudades o la adjudicaci\u00f3n de una plaza en una residencia de personas mayores est\u00e1 condicionada por el hecho de que la persona interesada en el trabajo o en la plaza no tenga una infecci\u00f3n que sea contagiosa.<\/p>\n
Las normas jur\u00eddicas que limitan el disfrute de un derecho o el acceso a un bien o servicio a las personas con una enfermedad que sea infecciosa y contagiosa tratan de proteger, en primer lugar, la salud p\u00fablica y, en segundo lugar, la salud de terceras personas con las que pueda relacionarse. Son normas jur\u00eddicas que tratan de evitar que se propaguen enfermedades a nivel comunitario o que terceras personas puedan sufrir un da\u00f1o, que en ocasiones puede ser grave e irreparable. No obstante, al ser normas jur\u00eddicas que limitan derechos y establecen tratos diferenciados basados en el estado de salud o estado serol\u00f3gico de una persona, aqu\u00e9llas deben superar un test de proporcionalidad que ha formulado el Tribunal Constitucional. El test consiste en tres criterios: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad significa que la norma jur\u00eddica es susceptible de conseguir el objetivo propuesto; la necesidad significa que no existe otra medida menos restrictiva e igualmente eficaz; la proporcionalidad en sentido estricto significa que de la aplicaci\u00f3n de la norma jur\u00eddica se derivan m\u00e1s beneficios o ventajas que perjuicios.<\/p>\n
Si tenemos en cuenta las v\u00edas conocidas por las que se produce la transmisi\u00f3n del VIH, la eficacia del tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisi\u00f3n y, en tercer lugar, la existencia de un grupo de personas que no saben que tienen la infecci\u00f3n por VIH, las normas jur\u00eddicas que limitan los derechos o el acceso a bienes y servicios o que establecen tratos diferenciados basados en el estado de salud o estado serol\u00f3gico de una persona no son ni id\u00f3neas, ni necesarias ni proporcionales. La salud p\u00fablica y la salud de terceras personas pueden protegerse adoptando otras medidas que exijan un menor sacrificio de los derechos de las personas con VIH diagnosticado.<\/p>\n
A trav\u00e9s de las consultas recibidas en la Cl\u00ednica Legal de la Universidad de Alcal\u00e1, hemos podido comprobar que se est\u00e1n aplicando a las personas con VIH unas normas jur\u00eddicas que ser\u00edan m\u00e1s apropiadas para aquellas personas que est\u00e1n infectadas con un virus que es posible comunicarlo tanto a nivel individual como a nivel comunitario a trav\u00e9s de microgotas o aerosoles, que se producen al hablar o por el sudor, o por f\u00f3mites, que se producen al entrar en contacto con un objeto o una parte del cuerpo humano previamente contaminados.<\/p>\n
Cada bacteria, cada virus, cada agente qu\u00edmico requiere una respuesta normativa diferenciada para, en primer lugar, proteger de forma adecuada la salud p\u00fablica y la salud individual de las personas afectadas o de las personas que se sospecha que pueden estar afectadas y para, en segundo lugar, interferir lo m\u00ednimo posible en los derechos de las personas afectadas.<\/p>\n
S\u00ed, es necesario. En la Cl\u00ednica Legal de la Universidad de Alcal\u00e1 sostenemos que es preciso revisar y, en su caso, reformar todas esas normas jur\u00eddicas a nivel estatal, auton\u00f3mico y local que incluyen la cl\u00e1usula de enfermedad infectocontagiosa como criterio limitativo para que la respuesta normativa al VIH sea la m\u00e1s adecuada, atendiendo a las caracter\u00edsticas del virus, para proteger la salud p\u00fablica y la salud de terceras personas. Por esas mismas razones tambi\u00e9n hay que revisar y, en su caso, reformar aquellas normas jur\u00eddicas que hacen referencia a las enfermedades\/infecciones de transmisi\u00f3n sexual, a las enfermedades cr\u00f3nicas resistentes al tratamiento, a las enfermedades transmisibles en actividad, a las enfermedades inmunol\u00f3gicas sist\u00e9micas, a las enfermedades inmunograves, a las enfermedades inmunitarias graves.<\/p>\n
Es responsabilidad de la Administraci\u00f3n tener en cuenta el estado de los conocimientos de la ciencia o de la t\u00e9cnica a la hora de legislar o de emprender reformas de las leyes vigentes.<\/p>\n