Gracias a los avances cient\u00edficos, las personas con VIH tienen una esperanza de vida equiparable a las personas que no tienen esta condici\u00f3n de salud. Muchas de las personas que contrajeron el VIH a finales de la d\u00e9cada de 1980 o en la d\u00e9cada de 1990 (los superVIHvientes) han alcanzado o van a alcanzar una edad durante las d\u00e9cadas de 2020 y 2030 en la que, en algunos casos, necesitan o necesitar\u00e1n en un futuro pr\u00f3ximo ingresar en un centro de d\u00eda o en una residencia para personas de la tercera edad. Aparece as\u00ed un nuevo \u00e1mbito en el que las personas con VIH se encuentran con barreras que impiden el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas.<\/p>\n
S\u00ed, pueden solicitar una plaza tanto en un centro de d\u00eda como en una residencia, pero existe una barrera de acceso debido a que la regulaci\u00f3n a nivel estatal y auton\u00f3mico, vigente desde la d\u00e9cada de 1980, condiciona la admisi\u00f3n a que la persona que solicita una plaza cumpla con este requisito: \u201cno padecer enfermedad infectocontagiosa, enfermedad cr\u00f3nica en estado terminal o enfermedad cl\u00ednica que requiera atenci\u00f3n imprescindible en centro hospitalario\u201d. Esto conlleva a que las Comunidades Aut\u00f3nomas a la hora de regular los servicios sociales de estas caracter\u00edsticas, excluyan a las personas con una enfermedad infectocontagiosa y, por consecuencia, a las personas con VIH, aunque no sea una enfermedad infectocontagiosa sino infectotransmisible. Este mismo requisito tambi\u00e9n se aplica en las residencias privadas, que adem\u00e1s se amparan en el derecho de admisi\u00f3n, alegando que necesitan espacios especiales para las personas con VIH, pues no pueden compartir habitaci\u00f3n con una persona que no lo tenga. Este razonamiento esconde adem\u00e1s una barrera actitudinal que excluye y discrimina a las personas con VIH.<\/p>\n
El acceso a los centros residenciales p\u00fablicos y privados a las personas con VIH se impide por la calificaci\u00f3n legal del VIH como enfermedad infectocontagiosa, aunque se trata de una infecci\u00f3n v\u00edrica que no se transmite por microgotas, aerosoles o f\u00f3mites. En muchas ocasiones el acceso a este recurso social va a depender de los informes elaborados por los\/las trabajadores\/as sociales o de la calificaci\u00f3n legal que las Comunidades Aut\u00f3nomas hayan dado al VIH. La correcta calificaci\u00f3n legal del VIH como enfermedad infectotransmisible y la adecuaci\u00f3n de la respuesta normativa a la evidencia cient\u00edfica disponible sobre las v\u00edas de transmisi\u00f3n y la efectividad del tratamiento antirretroviral para evitar la transmisi\u00f3n del virus es vital para el disfrute de los servicios sociales a los que tienen derecho en igualdad de condiciones con el resto de personas.<\/p>\n
No. Este requisito de acceso ha quedado obsoleto y constituye un trato diferenciado que es discriminatorio porque es una medida que ni es id\u00f3nea, ni necesaria, ni proporcional. El VIH no es una enfermedad contagiosa que se comunica a terceras personas por compartir el mismo espacio; el VIH se transmite por una serie de v\u00edas que est\u00e1n definidas con claridad desde hace mucho tiempo. Convivir con una persona con VIH no supone ning\u00fan riesgo de transmisi\u00f3n, ya que el VIH no se transmite por la saliva, el sudor o los aerosoles que se producen al hablar; como tampoco se transmite por compartir toallas, cuberter\u00eda o espacios de una habitaci\u00f3n.<\/p>\n
Ese requisito de acceso constituye una discriminaci\u00f3n directa hacia las personas con VIH vulnerando el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (CE) y el art\u00edculo 47 en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 50 CE, que establecen que \u201cLos poderes p\u00fablicos garantizar\u00e1n (\u2026) la suficiencia econ\u00f3mica a los ciudadanos de la tercera edad (\u2026) promover\u00e1n su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atender\u00e1n sus problemas espec\u00edficos de salud, vivienda, cultura y ocio\u201d.<\/p>\n
No. En caso de denegarse una plaza en una residencia privada o centro de d\u00eda privado por el hecho de tener VIH, las personas afectadas ser\u00edan consideradas como consumidores, seg\u00fan el art\u00edculo 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues est\u00e1n solicitando un servicio en el \u00e1mbito privado, y se aplicar\u00eda la Disposici\u00f3n Adicional \u00danica de esa misma Ley, que establece que ser\u00e1n nulas las cl\u00e1usulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una persona por tener VIH.<\/p>\n
Por lo tanto, la denegaci\u00f3n de acceso fundada en esta causa ser\u00eda considerada una cl\u00e1usula nula y tampoco se podr\u00eda aplicar en este caso el derecho de admisi\u00f3n que tienen los establecimientos privados, pues est\u00e1n sujetos a la Constituci\u00f3n y al resto del ordenamiento jur\u00eddico (art\u00edculo 9 CE). Existen mecanismos jur\u00eddicos de defensa que los consumidores pueden iniciar contra el centro de d\u00eda o la residencia en cuesti\u00f3n.<\/p>\n
Por otro lado, respecto a la denegaci\u00f3n de una plaza en un centro de d\u00eda p\u00fablico o en una residencia p\u00fablica, toda persona tiene derecho de acceso a las prestaciones, conforme a las leyes o reglamentos que las definen siempre que cumplan los requisitos establecidos al efecto. Estos requisitos deben respetar el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n y los dem\u00e1s principios del servicio p\u00fablico.<\/p>\n
La negativa de acceso injustificada o la denegaci\u00f3n por parte de la Administraci\u00f3n de una prestaci\u00f3n a la que se tiene derecho puede ser impugnada ante los \u00f3rganos judiciales competentes, en su caso por los tr\u00e1mites del recurso contra la inactividad de la Administraci\u00f3n (art\u00edculo 29.1 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-administrativa).<\/p>\n
As\u00ed mismo, los\/las usuarios\/as tienen derecho a formular quejas o reclamaciones sobre la prestaci\u00f3n del servicio, especialmente si no se cumplen los compromisos de calidad asumidos, as\u00ed como a exigir las responsabilidades de la Administraci\u00f3n (tanto en v\u00eda administrativa como en v\u00eda judicial), del personal a su servicio y de los\/las contratistas en los casos en que proceda legalmente a estos efectos.<\/p>\n