Si una persona con VIH contrat\u00f3 un seguro de personas antes del 1 de enero de 2016, debe saber que desde esa fecha en adelante, gracias a la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 11 de Ley 50\/1980 por la Ley 20\/2015, de 14 de julio, de Ordenaci\u00f3n, Supervisi\u00f3n y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, no tiene la obligaci\u00f3n de comunicar la variaci\u00f3n de su estado de salud, pues en ning\u00fan caso se considerar\u00e1 agravaci\u00f3n del riesgo.<\/p>\n
Si el agravamiento del riesgo se hubiese producido tras la contrataci\u00f3n del seguro, pero antes de la entrada en vigor de esta norma (el 1 de enero de 2016), debe conocer que, esta modificaci\u00f3n recoge un criterio consolidado en las resoluciones de la Direcci\u00f3n General de Seguros y Fondos de Pensiones y en la jurisprudencia, que establece que para que la agravaci\u00f3n del riesgo no comunicada pueda repercutir en el pago de la prestaci\u00f3n convenida en caso de siniestro deben cumplirse tres premisas: (1) que la agravaci\u00f3n del riesgo no declarada sea sobre las circunstancias que el asegurador consider\u00f3 en su momento relevantes para determinar el riesgo asegurado en el cuestionario de salud; (2) que la agravaci\u00f3n del riesgo tenga relaci\u00f3n con el siniestro; y (3) que la ocultaci\u00f3n de la agravaci\u00f3n se haya producido mediando mala fe y que la compa\u00f1\u00eda de seguros pueda probarlo (si no logra probarlo, la prestaci\u00f3n convenida solo podr\u00e1 reducirse proporcionalmente \u201ca la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo\u201d).<\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo seguros de vida, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 89 de la Ley 50\/1980, la compa\u00f1\u00eda de seguros no podr\u00e1 impugnar el contrato una vez transcurrido el plazo de un a\u00f1o, salvo que el contrato disponga otra cosa o que se haya actuado con dolo -voluntad deliberada de hacerlo mal, por ejemplo, ocultando el VIH en el formulario de salud previo a la contrataci\u00f3n del seguro-.<\/p>\n
Si a una persona con VIH le deniegan la contrataci\u00f3n de un seguro de personas (vida, accidentes, decesos, enfermedad o asistencia sanitaria)<\/strong>, puede denunciar esta situaci\u00f3n a trav\u00e9s de procedimientos extrajudiciales y judiciales.<\/p>\n De acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 97 de la Ley 20\/2015, se podr\u00edan seguir los siguientes procedimientos extrajudiciales: decisi\u00f3n arbitral; mediaci\u00f3n o queja\/reclamaci\u00f3n al servicio de atenci\u00f3n al cliente\/defensor del cliente. Esta \u00faltima posibilidad viene regulada en el art\u00edculo 97.5 de la Ley 20\/2015 y el art\u00edculo 29 de la Ley 44\/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Si se obtuviese una respuesta negativa o no se obtuviese respuesta, este procedimiento abrir\u00eda la v\u00eda para la presentaci\u00f3n de una queja o reclamaci\u00f3n ante la Direcci\u00f3n General de Seguros y Fondos de Pensiones.<\/p>\n Si se quisiera acudir a la v\u00eda judicial<\/strong>, habr\u00eda que presentar una demanda civil, siendo aplicable la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Debe tenerse en cuenta que en estos procedimientos se requiere la asistencia de abogado\/a y siempre entra\u00f1an la posibilidad de que haya una condena en costas. Si no dispone de recursos econ\u00f3micos, puede solicitar en el Colegio de Abogados m\u00e1s cercano la asistencia jur\u00eddica gratuita. Si se tratase como una vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n (igualdad y no discriminaci\u00f3n) se podr\u00eda acudir al procedimiento preferente y sumario.<\/p>\n En los casos m\u00e1s extremos, se podr\u00eda presentar una denuncia o querella penal pues, dependiendo de los hechos del caso, es posible que la denegaci\u00f3n violase el art\u00edculo 512 del C\u00f3digo Penal, que castiga con una pena de inhabilitaci\u00f3n especial para el ejercicio de la profesi\u00f3n de uno a cuatro a\u00f1os, a aquellos que en el ejercicio de sus actividades empresariales denegaren a una persona una prestaci\u00f3n a la que tenga derecho, por raz\u00f3n de enfermedad.<\/p>\n Finalmente, en funci\u00f3n del curso del proceso judicial, debido a la prohibici\u00f3n de incurrir en discriminaciones contrarias el orden p\u00fablico constitucional, como son las indicadas en el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n, es posible que la cuesti\u00f3n pudiese incluso sustanciarse ante el Tribunal Constitucional por la v\u00eda de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad o por la v\u00eda del recurso de amparo.<\/p>\n